El año pasado, la Fiscalía abrió una investigación contra la empresa por un supuesto caso de lavado de activos y la Superintendencia de Compañías impulsó un proceso para revertir la transferencia hace seis años de un paquete de acciones.
Expreso “una de sus marcas más insignes, circulará hasta este 9 de octubre”, indicó Granasa en referencia a la edición en papel y apuntó que “se acerca al cierre de uno de los capítulos más difíciles” en sus 53 años de historia.
“El gobierno finalmente logró su objetivo, es una victoria del gobierno, hay que decirlo así, que se concreta con la desaparición de esta edición impresa”, dijo el martes Martín Pallares, columnista del diario al canal de televisión Ecuavisa.
Manifestó que “el propósito del gobierno con este acoso era estrangular al diario de cualquier forma, por la vía legal, por la vía financiera, para aniquilarlo”.
En febrero el matutino señaló que la intervención del Estado ocurrió luego de que Granasa se negara a entregar información sobre sus asesores legales a Inmobiliar, una dependencia estatal que administra bienes incautados y que tiene un 2,56% de acciones en la empresa editorial.
“Ni la intervención” podrá “doblegar la independencia de la línea editorial e informativa”.
Expreso, que mantendrá su versión digital, anotó que “con su salida se apagará también una fuente de ingresos que sostenía a decenas de trabajadores y a sus familias. Pero el proceso de liquidación que se avecina plantea duros desafíos”.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su “preocupación” ante la intervención de Granasa.
