La iniciativa del presidente Donald Trump de intensificar la detención de inmigrantes generó un crecimiento acelerado en la demanda de centros de detención en Estados Unidos.
Esta situación provocó un fuerte impacto en comunidades como California City, una ciudad con dificultades económicas, donde se planea abrir el centro de detención de inmigrantes más grande del país.
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La empresa CoreCivic, propietaria de las instalaciones, indicó que el centro podría generar alrededor de 500 empleos y más de $2 millones en ingresos fiscales anuales.
El alcalde Marquette Hawkins afirmó que muchas personas del lugar ya obtuvieron empleo en el proyecto y lo consideró una oportunidad de recuperación para la comunidad.
Sin embargo, organizaciones sociales advirtieron sobre las implicaciones éticas. Activistas de la Fundación Dolores Huerta señalaron que, pese a los beneficios laborales, se trata de una forma inhumana de empleo.
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Boom en la industria de detención privada
En junio, el número de personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) superó las 60.000, en su mayoría sin condenas penales.
Según el proyecto TRAC de la Universidad de Syracuse, más del 80% de los detenidos permanecen en centros privados contratados por ICE.
Con planes de triplicar los arrestos diarios y una inversión proyectada de $45.000 millones en nuevos centros durante los próximos cuatro años, las empresas privadas del sector anticipan una expansión importante.
“Nunca en 42 años de historia en esta compañía hemos tenido tanta actividad y demanda por nuestros servicios como ahora”, dijo en mayo en una llamada con inversionistas Damon Hininger, director ejecutivo de CoreCivic.
Desde enero, la cantidad de centros pasó de 107 a cerca de 200.
Denuncias y cuestionamientos
Algunos legisladores del Partido Demócrata criticaron esta expansión. La congresista Norma Torres intentó visitar un centro en Adelanto, gestionado por GEO Group, pero le negaron el ingreso por no haber solicitado el acceso con siete días de anticipación.
Torres afirmó que estos centros ocultan abusos y que las compañías lucran con el sufrimiento humano.
“Hemos escuchado las horribles historias de detenidos arrestados violentamente, con cuidados médicos básicos denegados, aislados por días y heridos, sin tratamiento”, agregó Torres.
Kristen Hunsberger, abogada del Centro Jurídico para los Defensores de los Inmigrantes, indicó que recibió denuncias sobre centros donde se negó atención médica y se reportó escasez de alimentos y agua potable.
También reportaron que a muchos detenidos se les restringió el acceso a asistencia legal, lo cual constituye una violación a derechos constitucionales.
La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, negó las acusaciones. Afirmó que los detenidos reciben alimentación adecuada, atención médica y pueden comunicarse con sus familiares y abogados.
A las afueras de los centros, familiares de los detenidos ofrecieron testimonios que contrastan con la versión oficial.
Una ciudadana estadounidense afirmó que su esposo estuvo detenido cinco días sin poder comunicarse antes de ser trasladado a Adelanto. Dijo que no permitían a los detenidos asearse ni lavarse los dientes y que dormían todos en el suelo.
Defensores legales como Kristen Hunsberger manifestaron que estas condiciones podrían responder a una estrategia para presionar a los inmigrantes a firmar su deportación, especialmente cuando no tienen contacto con familiares ni asesoría jurídica.
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