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Brasilia, Brasil. La policía brasileña ejecutó este jueves una operación sobre presunto desvío de recursos públicos que tiene entre sus blancos a la productora de una película sobre el expresidente Jair Bolsonaro y a un diputado bolsonarista.
Revelaciones sobre el financiamiento de Dark Horse, una película biográfica aún no estrenada sobre el exmandatario ultraderechista, han sacudido la campaña de su hijo Flávio Bolsonaro, candidato rival del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para los comicios de octubre.
La llamada Operación Make Up indaga sobre “supuesto desvío de recursos públicos provenientes de enmiendas parlamentarias, transferidos (...) a una organización de la sociedad civil” por “centenas de millones de reales” (millones de dólares), informó una nota de la Policía Federal (PF).
Las enmiendas parlamentarias son un instrumento para que los legisladores destinen discrecionalmente recursos a proyectos públicos.
El diputado bolsonarista Mario Frias, del Partido Liberal, y la productora audiovisual Karina Gama están entre los blancos de la operación, dijo una fuente de la PF a la AFP.
Gama figura en registros públicos como titular de Go Up Entertainment, productora de Dark Horse, protagonizada por el actor estadounidense Jim Caviezel en la piel de Jair Bolsonaro (2019-2022).
Según la prensa local, la operación investiga el desvío de fondos para financiar ese filme, dato que la policía no confirmó.
La película quedó en la mira luego de que Flávio Bolsonaro reconociera haber pedido giros millonarios al banquero Daniel Vorcaro para supuestamente pagar Dark Horse.
Vorcaro está detenido por un enorme esquema de fraude financiero.
La policía indaga si aquellos fondos se usaron en realidad para financiar a otro hijo de Bolsonaro, Eduardo, radicado en Estados Unidos y con una condena en Brasil por coacción en un juicio a su padre, condenado por un intento de golpe de Estado.
La operación de este jueves corre en paralelo a esa otra investigación. Flávio Bolsonaro no está entre los objetivos, según una fuente de la PF.
La policía cumplió 49 órdenes de allanamiento e incautación emitidas por la corte suprema en varios estados.
“Las investigaciones apuntan a la existencia de una organización delictiva, formada por agentes públicos y privados, sospechosa de direccionar los valores recibidos para empresas subcontratadas de forma irregular, sin comprobación de la efectiva prestación de los servicios contratados”, informó la PF, sin detallar cómo los fondos habrían llegado.
Se investigan los delitos de organización delictiva y lavado de dinero, entre otros.
