Ciudad de Guatemala, Guatemala. La prestigiosa oenegé Cristosal, que investiga casos de corrupción y denuncia violaciones de derechos humanos en El Salvador, anunció este jueves que se vio forzada a partir al exilio ante la “escalada represiva” del gobierno de Nayib Bukele contra activistas humanitarios.
Cristosal, fuerte crítica de la política de seguridad de Bukele, denunció ser víctima de “acoso”, “espionaje” y “difamación” de lo que llamó una “dictadura” instalada en El Salvador.
La oenegé también asiste a familiares de 252 venezolanos deportados por Estados Unidos en marzo y presos en una megacárcel para pandilleros en El Salvador, lo que ha calificado como una “desaparición forzada”.
“Ante la creciente represión y cierre de espacios democráticos en El Salvador, Cristosal se ve forzada a suspender sus operaciones en El Salvador”, dijo en una conferencia de prensa en la capital guatemalteca el director de la organización, Noah Bullock.
“Frente a un aparato represivo que actúa sin límites (...) nos vemos obligados a elegir entre la cárcel o el exilio”, agregó.
La oenegé, creada por obispos anglicanos hace 25 años, aseguró que seguirá trabajando desde sus oficinas en Guatemala y Honduras para resguardar la seguridad de su equipo.
Cristosal tomó esta decisión tras el arresto hace dos meses de la abogada salvadoreña Ruth López, jefa de su unidad anticorrupción, y la puesta en vigor en junio de una ley de “agentes extranjeros”, similar a las de Rusia y Nicaragua, por medio de la cual el gobierno controlará a las oenegés.
López, declarada “presa de conciencia” por Amnistía Internacional, fue detenida el 18 de mayo tras ser acusada de enriquecimiento ilícito por la fiscalía, afín al gobierno.
Con la ley de “agentes extranjeros”, rechazada por organismos internacionales de derechos humanos, las oenegés deberán pagar un impuesto del 30% sobre los fondos que reciben. Cristosal opera principalmente con donaciones.
“Es un instrumento de control autoritario. Impone sanciones discrecionales, impuestos punitivos y vigilancia estatal para censurar y castigar a las organizaciones independientes”, señaló la oenegé, que aclaró que, no obstante, no renunciará a su personería jurídica en El Salvador.
“La dictadura se instaló”
Cristosal, que contaba con una treintena de activistas en El Salvador, denunció en su comunicado que ese país “ha dejado de ser un Estado de derecho”.
“Cuando ejercer las libertades o simplemente disentir del poder conlleva consecuencias, estas ya son las señales claras de que la dictadura se instaló”, denunció Bullock.
El activista agregó que la “criminalización y el exilio de defensores de derechos humanos” es una “violencia política” para “someter a la sociedad” salvadoreña a “un régimen de miedo”.
Más de 40 periodistas salvadoreños han partido al exilio en los últimos meses, según la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). Los más destacados son los del diario digital El Faro, que denunció un pacto entre Bukele y las pandillas antes de declararles la guerra en 2022. Una información que el presidente niega a rajatabla.
El acoso se da de diferentes maneras. A fines de abril, policías llegaron a las instalaciones de Cristosal, a 10 km de San Salvador, y tomaron fotos de los vehículos de periodistas poco antes de una conferencia de prensa sobre la situación de los venezolanos encarcelados.
En los últimos meses, también fueron detenidos en El Salvador otros críticos de Bukele, entre ellos el abogado ambientalista Alejandro Henríquez, el constitucionalista Enrique Anaya y el líder comunal José Ángel Pérez.
Según una reciente encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA), regentada por jesuitas en El Salvador, seis de cada diez salvadoreños temen criticar al presidente o a su gobierno, pues puede acarrearles “consecuencias negativas”, como ser detenido.
“Hoy en día la institucionalidad democrática en El Salvador ha desaparecido y está bajo el control del régimen autoritario de Bukele”, añadió en la conferencia Abraham Ábrego, director de litigio de Cristosal.
Bukele fue reelegido en febrero de 2024 gracias a la alta popularidad de su “guerra” contra las pandillas, que ha reducido a niveles sin precedentes la violencia criminal en el país.
Pero esa ofensiva antipandillas se basa en un régimen de excepción, vigente desde 2022, que es criticado por grupos de derechos humanos como Cristosal pues elimina normas del debido proceso, permite detenciones sin orden judicial y restringe libertades ciudadanas.