En contra de la opinión de los tres jueces progresistas (sobre un total de nueve magistrados), la Corte dio así curso a un recurso del gobierno de Donald Trump que le pedía suspender una decisión de tribunales inferiores. La Corte examinará el fondo del caso en diciembre.
El gobierno impugna la decisión dictada en febrero por un juez federal de Boston (noreste), que consideró que las personas afectadas por una expulsión hacia un país distinto del suyo debían poder alegar el riesgo de ser víctimas de persecución o de tortura en un destino diferente.
Su decisión había sido confirmada por un tribunal de apelaciones el 18 de septiembre, antes de que la administración Trump recurriera de urgencia a la Corte Suprema para solicitar su suspensión, al menos provisional.
Su asesor jurídico, John Sauer, había invocado “problemas logísticos importantes” provocados por la decisión de primera instancia, que habría obligado al Departamento de Seguridad Interior a “cancelar un vuelo con destino a tres países distintos que transportaba a 70 extranjeros condenados penalmente”.
Argumentó que las deportaciones hacia terceros países son una “herramienta esencial para expulsar a ciertos extranjeros, incluidos algunos de los peores delincuentes extranjeros”.
