Washington. El Congreso estadounidense aprobó este miércoles una ley que exige la detención de los migrantes en situación irregular acusados de algunos delitos. La Cámara de Representantes, de mayoría republicana, la aprobó con 263 votos a favor y 156 en contra. Unos 40 legisladores demócratas apoyaron la iniciativa. Se prevé que el presidente la promulgue de inmediato, convirtiéndose en la primera ley que firma en su segundo mandato.
En virtud de esta legislación, las autoridades podrán detener a cualquier migrante que haya cometido “robo, hurto, robo en tiendas o asalto a un agente de la ley, o cualquier delito que resulte en muerte o lesiones corporales graves a otra persona”. La Ley Laken Riley lleva el nombre de una estudiante de 22 años asesinada por José Antonio Ibarra, un venezolano de 26 años en situación irregular que era buscado por robar en tiendas. Ibarra fue condenado a cadena perpetua.
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La lucha contra la migración ilegal es la prioridad máxima del presidente, quien poco después de asumir el cargo el lunes firmó una batería de decretos, muchos de ellos para bloquear la entrada o facilitar la expulsión de migrantes en situación irregular. Empezará por aquellos con antecedentes penales, asegurando que “millones y millones de extranjeros criminales” regresarán “a los lugares de donde vinieron”.
Los congresistas demócratas denunciaron el alto coste de la ley. Calculan que alcanzará los $83.000 millones en los tres primeros años. “Es mucho dinero para gastar en una ley que conducirá al caos”, opinó la senadora demócrata Patty Murray en la red social X.
Para la congresista demócrata de izquierda Alexandria Ocasio-Cortez, la ley representa un peligro que debilitará el Estado de Derecho. “En unos meses, habrá congresistas que votaron a favor de esta ley y fingirán ignorar las consecuencias negativas que esta tendrá”, declaró durante el debate.
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Algunas asociaciones también se oponen a la norma. “Esta legislación no garantizará ni mejorará la seguridad pública y, junto con las políticas de aplicación del presidente, no ofrece ninguna solución política sustancial con efectos positivos”, afirmó Kelli Stump, presidenta de la Asociación de Abogados de Inmigración Americana (AILA), en un comunicado.
Durante la campaña electoral, el ahora presidente citó repetidamente el caso de Laken Riley, atribuyendo el asesinato a la política migratoria del gobierno de su predecesor, el demócrata Joe Biden. Exigió que Biden presentara una “disculpa” a la familia de la víctima. El padre de la joven asesinada declaró a NBC News que cree que la legislación ha “ayudado a cambiar las cosas políticamente”.
