Molesto con sus reiteradas críticas a la implementación del pacto de paz que puso fin a más de medio siglo de conflagración, el líder del nuevo partido de izquierda FARC rechazó la posición de Márquez, cuyo paradero se desconoce desde hace meses.
“Que un pequeño grupo de antiguos mandos de la organización afirme ahora que fue una equivocación cumplir nuestra palabra, solo significa que ellos, individualmente, se apartan de las grandes decisiones adoptadas por el colectivo”, escribió Londoño, también conocido como Timochenko.
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Aseguró además que cuando Márquez renunció al escaño como senador que le reservaba el acuerdo, dejó "acéfala" la representación parlamentaria de la FARC “en el momento que más requería su presencia".
"En esas condiciones, con hondo pesar, debo reconocer la necesidad de marcar distancias", agregó.
En una carta difundida en redes sociales el lunes, Márquez denunció la recaptura por la Fiscalía del antiguo negociador de paz Jesús Santrich, preso con fines de extradición a Estados Unidos desde abril.
Además de rechazar el arresto, que calificó como un "abuso de autoridad", Márquez cuestionó nuevamente el "grave error" que significó dejar las armas.
El arresto de Santrich, acusado de conspirar para enviar cocaína a Estados Unidos, fue uno de los detonantes para que Márquez y el excomandante Hernán Darío Velásquez dejaran la zona de reincorporación en donde se encontraban sin dar desde entonces razón de su paradero.
Los dos antiguos mandos alegaron "desfiguración" del pacto suscrito con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos e inseguridad jurídica.
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Seuxis Paucias Hernández –nombre legal de Santrich–, salía de prisión el viernes por un fallo del tribunal de paz que ordenaba su libertad pero fue recapturado por agentes de la fiscalía.
Tanto Estados Unidos como el presidente colombiano Iván Duque, crítico del acuerdo de paz, han insistido en la solicitud de extraditar al antiguo rebelde.
Apoyado por la ONU, el acuerdo que condujo al desarme de unos 7.000 combatientes prevé beneficios penales para los responsables de delitos atroces que contribuyan a la verdad, justicia y reparación de las víctimas.
Sin embargo, deja sin efecto el blindaje contra la extradición para quienes hayan reincidido tras la entrada en vigor de los compromisos de paz.
