La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) "aplica la garantía de no extradición a Seuxis Paucias Hernández", su nombre legal, y "ordena a FiscaliaCol disponer libertad inmediata", indicó el organismo en su cuenta de Twitter.
Santrich, el rebelde de mayor rango detenido tras la firma del acuerdo de paz, está preso en la cárcel de máxima seguridad La Picota tras ser capturado el 9 de abril del 2018 por supuestamente participar en el envío de cocaína a Estados Unidos después de la firma del pacto en el 2016.
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El tribunal encargado de juzgar los mayores crímenes cometidos durante el conflicto armado explicó que tomó la decisión porque las pruebas contra Santrich "no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización".
El rebelde estaría implicado en el envío de diez toneladas de droga entre junio del 2017 y abril del 2018, cargos que niega y que asegura son parte de un “montaje judicial” del gobierno de Estados Unidos y la Fiscalía de Colombia.
El histórico pacto de paz blinda a los exguerrilleros frente a los requerimientos de Estados Unidos, pero establece que los guerrilleros que cometan delitos después de la firma del pacto, el 24 de noviembre de 2016, serán juzgados por la justicia ordinaria.
Tras conocer la determinación de la JEP, Santrich envío un audio a periodistas desde la prisión bogotana en el que reivindicó como un triunfo la orden de libertad ante un "sucio montaje que hizo el Departamento de Estado (de Estados Unidos) y la Fiscalía" en su contra.
"Espero que el gobierno, la Fiscalía y otras instancias respeten el fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz y no se vayan a dar acciones de hecho que tiren por la borda este momento", afirmó.
El caso Santrich ha enfrentado a la JEP y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, por diferencias en la interpretación de las facultades que tiene la justicia transicional.
La Fiscalía sostiene que la JEP solo está habilitada para certificar la fecha de ocurrencia de los presuntos delitos, como lo establece su reglamentación aprobada en el Congreso.
Pero la jurisdicción especial apela a una normativa que le otorga potestades más amplias, como conocer las pruebas en casos de extradición, evaluar la conducta y el "procedimiento adecuado" que se debe seguir contra un acusado.
Además, Estados Unidos ha presionado por la extradición del excomandante guerrillero. Y el presidente derechista Iván Duque, que asumió el poder en agosto con la promesa de modificar el acuerdo, es partidario de extraditarlo.
En su visita a Washington en febrero, donde se reunió con el mandatario Donald Trump, Duque abogó porque la JEP trasladara la decisión a la Corte Suprema de Justicia, encargada tradicionalmente de avalar las extradiciones.
"Si la Corte es clara en darme a mí la responsabilidad de firmar la extradición, procederé con toda la contundencia", aseguró entonces.
De 52 años y con deficiencia visual, Seusis Paucias Hernández es reconocido como uno de los hombres de línea dura y radical del ahora partido de izquierda Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).
Santrich participó como negociador en los diálogos entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la otrora guerrilla comunista en Cuba, que tras cuatro años de negociaciones derivaron en la firma del histórico pacto de paz.
Durante su detención, cuestionada con vehemencia por sus partidarios, el excomandante denunció planes para asesinarlo e incluso realizó una huelga de hambre de 41 días para exigir su liberación.
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Desde la prisión, a través de videoconferencia, ha atendido los llamados de la JEP en casos que adelanta por secuestros atribuidos a la que fue la guerrilla más fuerte de América.
Por la captura tampoco pudo posesionarse en julio como representante a la Cámara, un escaño que le garantiza el acuerdo de paz para el periodo legislativo 2018-2022.
El exjefe negociador de la exguerrilla, Iván Márquez, que lo considera su mano derecha, declinó ocupar en julio su puesto en el Senado en protesta por el encarcelamiento de Santrich.
Desde entonces se desconoce el paraje de Márquez y otros exguerrilleros que denuncian incumplimientos en lo acordado para superar medio siglo de conflicto armado.
La FARC ha denunciado incumplimientos estatales al acuerdo que condujo al desarme de 7.000 combatientes, entre ellos el asesinato de más de un centenar de los miembros de su ahora partido político.
