“En el día de ayer (martes), en una reunión aquí en Washington de los embajadores que están en el proceso del TIAR, se tomó la decisión de que el lunes hay una reunión en Nueva York a nivel ministerial”, dijo el diplomático Francisco Santos.
El objetivo de la reunión es “la decisión de invocar y a partir de ahí poder tomar decisiones respectivas frente a sanciones”, pero el embajador precisó que de “ninguna manera quiere decir que se aprueba el uso de acciones militares”.
La semana pasada, los cancilleres fueron convocados tras una votación en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la que 12 de los 19 países que componen el pacto votaron a favor de activar el Órgano de Consultas del grupo. Seis países, entre ellos Costa Rica, se abstuvieron.
El Gobierno de San José alegó que mantiene su posición de que la solución a la crisis de Venezuela debe ser pacífica y excluir toda opción armada. En este sentido, impulsó una propuesta para dejar por fuera esa posibilidad, pero fracasó.
Según el tratado, en el Órgano de Consulta las decisiones necesitan dos tercios de los votos de los Estados participantes para ser adoptadas.
El embajador informó además de que en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas el presidente de Colombia, Iván Duque, va a presentar “evidencias sobre el respaldo activo de Venezuela a los grupos terroristas colombianos en su territorio”.
Duque va además a pedir "la activación de la resolución 1373", que insta a los Estados a prevenir y reprimir la financiación de actos "terroristas" y abstenerse de apoyar a entidades que participen en esas acciones.
Colombia acusa al gobierno de Nicolás Maduro de dar albergue en Venezuela al grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), liderado por Iván Márquez.
Márquez, exnúmero dos del movimiento guerrillero y jefe negociador en las conversaciones de paz, anunció su rearme tras apartarse de los acuerdos de suscritos en el 2016 con el gobierno colombiano.
En agosto, Duque ya había anunciado que denunciaría al gobierno de Nicolás Maduro ante la Asamblea General de la ONU por supuestamente patrocinar y proteger a “terroristas colombianos” en Venezuela.
