Quito. Cárceles convertidas en centros de operaciones del crimen, calles sometidas al terror de fusiles y granadas, y gobiernos acorralados por el poder del narcotráfico: Ecuador vuelve a asomarse al abismo y se declara en “conflicto armado interno”.
Este es un resumen de la violencia en el país, que pasó de ser un paraíso de paz en Sudamérica a convertirse en una nación sumida en la guerra por el botín de la droga, con una tasa de 46 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2023, la más alta de su historia.
A de Amotinamientos
Tras asumir el poder en noviembre, el presidente Daniel Noboa fijó la mira en 22 estructuras vinculadas con el tráfico de drogas. Las tres principales se hacen llamar Los Choneros, Lobos y Tiguerones.
Estas organizaciones mantienen alianzas con grupos extranjeros como el Cartel de Sinaloa mexicano y coordinan sus operaciones desde la cárcel, con la aparente complicidad de guardias penitenciarios, especialmente en Guayaquil (suroeste), según denuncias de organizaciones civiles.
En ese puerto, Adolfo Macías o “Fito”, líder de Los Choneros, reinó durante doce años desde su celda hasta que se escapó sin un solo disparo, según estableció un operativo militar de control el domingo.
El joven presidente de 36 años enfrenta a los ejércitos del narcotráfico con la promesa de aplicar una mano dura.
Dentro de las penitenciarías, los presos están hacinados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó en 2022 que la población carcelaria era de 36.599 personas, cuando la capacidad es de 30.169 (21,3% de superpoblación).
Los reclusos, amos y señores de las cárceles, cuidan sus arsenales como tesoros y suelen amotinarse. Los choques entre bandas terminan en masacres que han dejado más de 460 presos muertos desde 2021.
Esta semana, retuvieron a 125 guardias penitenciarios y 14 funcionarios administrativos después de la fuga de “Fito”, en hechos que aún no han sido relacionados por las autoridades.
Uno de cada tres presos tiene nexos con el tráfico de drogas, según estudios independientes.
B de Bandas sin control
Analistas estiman que la violencia “extrema” en Ecuador se intensificó durante el gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023).
La administración del conservador fue un constante tironeo entre el poder de la fuerza pública y las bandas criminales, donde los ataques con coches bomba, las balaceras y los secuestros dejaron de ser novedad en las principales ciudades.
Cada vez que el crimen intentaba amedrentar a los ecuatorianos, Lasso respondía con estados de excepción, operativos militares y toques de queda.
“Lo que tenemos son tres organizaciones criminales que ya no solo se enfrentan entre ellas, sino que también se enfrentan al Estado. Tienen un enemigo común”, dijo a esta agencia César Carrión, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
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Noboa sigue la línea de Lasso pero va más allá y anuncia la construcción de cárceles de máxima seguridad en buques y selvas aisladas, el fortalecimiento de la inteligencia y el control de fronteras con drones y radares.
El gobernante más joven en la historia del país proclamó el fin de los tiempos en los que los criminales “le dictaban al gobierno de turno qué hacer” y emprendió acciones para “recuperar el control” de las cárceles.
El anuncio del llamado “Plan Fénix” cayó como un baldazo de agua fría al narcotráfico, que respondió con la fuga de “Fito” y un inicio caótico del 2024.
C de “Conflicto armado”
Noboa salió victorioso de una carrera por la presidencia en la que fue asesinado el aspirante Fernando Villavicencio, un síntoma de que Ecuador tocaba fondo, al igual que su vecino Colombia en el siglo pasado.
En su primera crisis, el mandatario declaró al país en “conflicto armado interno” y ordenó a las Fuerzas Armadas “ejecutar operaciones bajo el derecho internacional humanitario”, otorgando estatus beligerante a las bandas.
“Ahora se va a enfocar en enfrentarlas dentro de una óptica que él mismo (Noboa) ha definido como parte del conflicto interno militar (...) La mano dura se establece ahora de manera explícita y con una gran legitimidad de la población porque ya está agotada, está harta de esto”, analiza Carrión.
Para ello, cuenta con una fuerza de unos 60.000 soldados, casi el mismo número de agentes de policía.