ONU denuncia ‘grave’ deterioro de derechos humanos en Nicaragua
La ONU documentó un aumento de detenciones arbitrarias y torturas en Nicaragua desde el 2023
Durante la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo la libertad religiosa también se vio afectada, con detenciones y cierre de organizaciones religiosas. JAIRO CAJINA
Ginebra. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió este martes sobre el “grave” deterioro de los derechos humanos en Nicaragua desde el año pasado, con un aumento de detenciones arbitrarias, malos tratos y persecución a todos los “percibidos como disidentes” por el gobierno de Daniel Ortega.
“Las autoridades continúan persiguiendo no solo a quienes expresan opiniones disidentes, sino también a cualquier persona u organización que actúe de forma independiente o que no esté directamente bajo su control”, señala un informe publicado por la Oficina de Derechos Humanos del organismo.
“Esto incluye personas defensoras de derechos humanos, medios de comunicación independientes, organizaciones no gubernamentales y cualquier otra entidad que abogue por cambios sociales o políticos sin supervisión gubernamental”, agrega.
El informe, basado en 120 entrevistas con víctimas, testigos de violaciones de derechos humanos y representantes de la sociedad civil, abarca un período de un año desde junio del año pasado.
Entre otros hechos, el texto señala que en mayo de este año “131 personas consideradas como opositoras se encontraban bajo detención arbitraria”, una cifra muy superior a la de junio de 2023.
Además, documenta 12 casos de “tortura y malos tratos en detención”, así como un incremento de la violencia contra indígenas y afrodescendientes.
Durante la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo la libertad religiosa también se vio afectada, con detenciones y cierre de organizaciones religiosas. (JAIRO CAJINA/AFP)
El informe advierte que la libertad religiosa en el país centroamericano “siguió siendo objeto de restricciones indebidas”, entre ellas la detención “arbitraria” de 27 sacerdotes y seminaristas católicos, entre octubre y enero, y el cierre de muchas organizaciones religiosas entre las 5.000 organizaciones de todo tipo disueltas desde 2018.
El gobierno de Ortega y de su poderosa esposa, Rosario Murillo, endureció las leyes contra las ONG tras las protestas de 2018, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según informes de la ONU.
Ortega, exguerrillero de 78 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 y mantuvo el poder de manera ininterrumpida desde 2007, sostiene que las ONG, y sobre todo la Iglesia católica, apoyaron esas protestas, a las que considera un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que el ejercicio de los derechos civiles y políticos fundamentales se vuelve cada vez más difícil.
“La crisis multifacética que ha afectado a Nicaragua desde 2018 requiere un cambio urgente de rumbo por parte del gobierno”, dijo.
A finales de agosto, Türk señaló que “desafortunadamente” no existe “cooperación” entre el gobierno de Ortega y su oficina, lo que “hace muy difícil” el seguimiento de la situación en el país.
