“El poder está cada vez más concentrado en manos del Ejecutivo y del partido gobernante”, advirtió el miércoles el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, con motivo de la publicación de un informe que detalla “el desmantelamiento progresivo de las instituciones democráticas y del Estado de derecho” en Nicaragua.
Ortega, exguerrillero sandinista de 80 años, y su esposa, Rosario Murillo, cinco años más joven, gobiernan con mano dura, particularmente tras las protestas de 2018 que dejaron al menos 300 muertos, según la ONU.
El informe divulgado el miércoles documenta una “toma de control casi total”, así como “abusos sistemáticos de poder que han debilitado los contrapesos institucionales”, declaró el Alto Comisionado, citado en un comunicado.
El texto recuerda que a principios de septiembre, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una reforma constitucional que impide a los opositores participar en las elecciones, blindando aún más el poder del presidente Ortega.
Según el informe, “el partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), cuenta actualmente con mayoría absoluta en el poder legislativo, en los 153 municipios y en ambos consejos regionales de las regiones autónomas de la Costa Caribe”.
Un análisis de las 185 votaciones plenarias registradas en el sitio web oficial de la Asamblea Nacional entre junio de 2025 y mayo de 2026, indica que “no hubo votos en contra ni abstenciones, ni siquiera entre los 15 diputados de partidos que no forman parte oficialmente de la coalición de gobierno”.
El reporte subraya que “este hecho refleja un contexto más amplio de concentración del poder político y la ausencia efectiva de una práctica democrática pluralista”.
Los autores también remarcaron las detenciones arbitrarias como principal herramienta de represión y registraron al menos ocho casos de desaparición forzada y cuatro muertes bajo custodia atribuidas a las autoridades.
El informe, al referirse a “una impunidad generalizada”, indica que estas cifras, no exhaustivas, podrían ser más elevadas debido especialmente a la falta de acceso al país, a la negativa de las autoridades a cooperar y al temor a represalias entre las víctimas y los testigos.
Durante el último año, cuatro nuevas organizaciones de la sociedad civil se han visto obligadas a cerrar, elevando a 5.539 el número de entidades disueltas arbitrariamente en los últimos ocho años.
Las autoridades también ordenaron el cierre de un nuevo medio de comunicación, elevando al menos a 56 el número de medios clausurados en el mismo período.
“Casi no queda nada por cerrar”, comentó el Alto Comisionado. “La situación es absolutamente indefendible”, añadió Türk.
