Desde principios de mayo, una amplia coalición de sindicatos, organizaciones indígenas y cultivadores de coca mantiene movilizaciones y bloqueos de carreteras que han provocado una severa escasez de combustible, alimentos y medicamentos en las principales ciudades, especialmente en La Paz y su vecina El Alto.
Durante semanas, los manifestantes han pedido que el incipiente gobierno del presidente Paz, respaldado por Estados Unidos, aborde la profunda crisis económica, mientras que otros piden su renuncia, han marchado y levantado barricadas, paralizando prácticamente Bolivia, disparando los precios de los alimentos y el combustible y provocando escasez de productos básicos.
El gobierno sostiene que la economía ha perdido miles de millones de dólares por las protestas, que Paz, primer presidente no socialista en dos décadas, definió como un “intento de golpe de Estado” impulsado por el “narcoterrorismo”.
En un mensaje nocturno difundido por la televisión estatal, el mandatario advirtió que los manifestantes se enfrentarán a “todo el peso de la ley” y defendió la declaración de un estado de emergencia por 90 días, que restringe el derecho a manifestarse y le permite recurrir al despliegue del ejército para recuperar el control de carreteras y puntos estratégicos.
Según el gobierno, la medida busca contener los disturbios generalizados y la peor crisis económica que atraviesa Bolivia en las últimas cuatro décadas.
Primeras intervenciones
En El Alto, ocurrió este sábado una intervención de unidades de la policía antimotines, apoyadas por excavadoras, para retirar piedras, troncos y escombros con los que se había levantado una de las principales barricadas.
Algunos vecinos aplaudieron la llegada de los agentes armados a bordo de camionetas.
“Mucha felicidad, mucha felicidad, mucha paz como alteña, porque todos estos casi cincuenta días que han pasado ha sido todo coartado aquí en El Alto, tanto el trabajo, la libre circulación”, dijo la comerciante Carla Butrón, de 39 años.
Al operativo se sumaron dos tanquetas militares que acompañaron al convoy policial por una vía que conecta con el sur del país y el norte de Chile, mientras continuaban las labores para limpiar los obstáculos colocados por los manifestantes.
En La Paz, un contingente reducido de policías militares y efectivos de la Armada resguardaba el palacio presidencial, mientras patrullas de la policía permanecían apostadas en distintos puntos de la ciudad.
En mensajes difundidos posteriormente en redes sociales, Paz afirmó que “los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares”, y sostuvo que “este estado de emergencia no pretende quitar la normalidad, sino devolverla”.
Los sectores movilizados exigen que el gobierno abandone sus reformas económicas liberales y reclaman la renuncia del presidente. La noche del viernes, el Ejecutivo anunció un acuerdo con la Central de Trabajadores de Bolivia (CTB), uno de los principales sindicatos del país, que incluye el compromiso de no privatizar empresas estatales y abrir nuevas mesas de diálogo.
No obstante, varios grupos indígenas mantienen más de 30 bloqueos en las principales carreteras, y el gobierno solo prevé un descenso gradual en el número de cortes de ruta.
“Queremos que se vaya. No queremos que sea él quien gobierne”, declaró recientemente Lidia Callisaya, dirigente aimara de 42 años.
Paz sostiene que detrás de las protestas se encuentran “narcoterroristas” y señala directamente al expresidente Evo Morales (2006-2019).
Morales, líder indígena y antiguo cultivador de coca, vive desde hace dos años en la clandestinidad, acusado de presunto tráfico de menores, cargos que él rechaza.
Su refugio se ubica en la región del Chapare, en el centro del país, donde miles de simpatizantes indígenas han bloqueado hasta ahora cualquier intento de captura.
Desde esa región, el exmandatario declaró recientemente a la AFP que la población se está rebelando contra un gobierno conservador “totalmente sumiso” a Estados Unidos, en un contexto de máxima tensión política y social en Bolivia.
