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Bolivia. Al menos 28 bloqueos de carretera siguen en pie en Bolivia a pesar de la declaración del estado de excepción y del triunfalismo del Gobierno, que alcanzó un acuerdo con una de las principales fuerzas de la movilización, la Central Obrera Boliviana (COB).
La estatal Administradora Boliviana de Carreteras informó que este domingo se registran 28 puntos de bloqueos en los departamentos de La Paz, Oruro (oeste) y Cochabamba (centro).
Mientras tanto, cisternas con combustibles comenzaron a llegar a La Paz tras siete semanas de protestas antigubernamentales, informaron fuentes oficiales.
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, destacó que los bloqueos se han reducido en al menos un 60% desde el centenar registrado en el momento álgido del conflicto.
“Siguiendo el mandato del Presidente y con el compromiso de devolver la tranquilidad a las familias bolivianas, avanzaremos unidos hasta recuperar la normalidad en todo el territorio nacional”, explicó Zamora en un mensaje publicado en redes sociales.
Tras la liberación de rutas en el Altiplano, comenzaron a fluir decenas de camiones con gasolina y diésel en los Andes hacia La Paz que, junto a la vecina El Alto, sufre una fuerte carestía de productos.
El malestar social estalló por la crisis económica, la más grave en 40 años, y la venta de gasolina de mala calidad que dañó miles de automotores.
Las protestas son sostenidas aún por campesinos e indígenas de la organización Túpac Katari y cocaleros seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), pese a que el gobierno alcanzó un acuerdo con la mayoritaria Central Obrera Boliviana para suspender las manifestaciones.
Fuerzas combinadas de policías y militares, con apoyo de excavadoras, realizan este domingo la limpieza entre La Paz y Oruro por segundo día consecutivo y de manera pacífica, informó a la AFP una fuente del Ministerio de Defensa que requirió el anonimato.
La ruta es clave para el ingreso de combustibles desde Chile.
El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, informó por separado que “están llegando cisternas, el objetivo del decreto (de excepción) era liberar al país de este bloqueo”.
El presidente Paz, que ha recibido un fuerte apoyo político de Estados Unidos y gobiernos conservadores de la región, culpa a Evo Morales de liderar las protestas y de recibir respaldo financiero del narcotráfico, sin exhibir pruebas de ello.
Paz no descarta la detención de Morales, oculto en la región del Chapare tras una orden de captura emitida en su contra por un caso de trata de una menor denunciado por el expresidente como persecución política.
Aval al estado de excepción
El presidente centroderechista Rodrigo Paz decretó la prohibición de las manifestaciones que desde hace más de seis semanas realizaban campesinos, indígenas y trabajadores mineros y ordenó a policías y militares restablecer la circulación de personas y mercancías.
En la noche del sábado la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia avaló el Decreto Supremo 5636 del presidente Rodrigo Paz para la declaración del estado de excepción tras una larga sesión marcada por críticas al vicepresidente Edmand Lara, quien se declaró contrario al estado de excepción.
El decreto fue aprobado finalmente a las 2:36 a. m. locales, con una amplia mayoría de dos tercios tras varias reclamaciones de procedimiento y una gran tensión política.
Las primeras intervenciones se centraron en el vicepresidente y presidente de la Asamblea, Edman Lara, quien dio inicio a la sesión cuando faltaban aún varios diputados que se fueron incorporando progresivamente.
Lara argumentó la obligatoriedad de celebrar la Asamblea dentro de las 24 horas posteriores a la publicación del decreto presidencial.
“Yo no estoy de acuerdo con el estado de excepción; sin embargo, estoy obligado a cumplir la ley”, explicó.
Cuando los grupos Libre y APB Súmate se perfilaban para apoyar la medida y confirmar así la mayoría favorable, Lara abandonó la sesión por una indisposición, lo que fue también criticado.
La sesión concluyó con un minuto de silencio en recuerdo a las más de 20 personas fallecidas durante los 52 días de conflicto y bloqueos convocados para exigir la dimisión del presidente Paz y en contra de sus políticas neoliberales.
El Gobierno asegura que gran parte de las demandas de carácter social fueron atendidas mediante procesos de diálogo y acuerdos, por lo que considera que los bloqueos persistentes responden principalmente a intereses políticos.
