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Bruselas, Bélgica. Ante la crisis de la vivienda, la Unión Europea presentó este miércoles un plan para apoyar a las ciudades que quieran limitar los alquileres de corta duración, como los de Airbnb.
Con este plan, Bruselas quiere ofrecer a los Ayuntamientos bases jurídicas para regular este tipo de alquiler en las zonas turísticas, donde cada vez es más difícil encontrar vivienda.
Los alquileres de corta duración solo representan alrededor del 1,2% del parque inmobiliario europeo pero en algunos barrios muy turísticos puede alcanzar hasta el 20%, según datos de la Unión Europea.
En los últimos 15 años, el precio de la vivienda en la UE se disparó un 60% y el de los alquileres, casi un 30%, provocando una crisis que azota a los 27 países del bloque.
“Cuando el mercado fracasa a la hora de aportar algo tan fundamental como un alojamiento asequible, los poderes públicos tienen la responsabilidad de actuar”, subrayó Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea, al presentar las medidas, que tendrán una vigencia máxima de cinco años.
Ciudades como Barcelona, París, Nueva York y Tokio han impuesto o prevén imponer restricciones a los alquileres turísticos, pero en muchas ocasiones se acaban topando con las plataformas digitales, que llevan esas iniciativas ante los tribunales.
Ahora, la UE quiere aclarar en qué circunstancias pueden intervenir los municipios sin infringir las reglas del mercado único europeo.
Según el plan, que deberá ser negociado con el Parlamento Europeo y los Estados miembros antes de entrar en vigor, las ciudades podrán limitar los alquileres vacacionales y la compra de bienes inmuebles destinados al alquiler turístico de corta duración en zonas consideradas de “baja tensión inmobiliaria”.
La futura legislación no atañerá a los propietarios que alquilen de forma ocasional su residencia principal para cortos periodos ni pondrá en entredicho las normas que ya se hayan adoptado a nivel local.
Las plataformas digitales cuestionan la raíz del problema y Airbnb consideró que la crisis se debe a que no se construyen suficientes viviendas, por lo que la ley “debería concentrarse en aumentar la oferta de vivienda”.
