La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) planteó a los diputados modificar el esquema de nombramiento de los integrantes de la Junta Directiva del Banco Popular, de manera que se evite que todos sus integrantes sean sustituidos al mismo tiempo.
Actualmente, la Ley Orgánica del Banco Popular establece que los integrantes de su Junta Directiva —cuatro nombrados por la Asamblea de Trabajadores de la entidad y tres por el Poder Ejecutivo— ejercen sus cargos durante cuatro años y pueden ser reelegidos.
Bajo el esquema actual, todos los puestos vencen simultáneamente. Esta situación puede provocar, como ocurre actualmente, que el órgano colegiado permanezca durante meses sin estar integrado, lo que impide, por ejemplo, aprobar el presupuesto de la entidad.
Por ello, la Sugef sugirió a los legisladores valorar la introducción de mecanismos de renovación escalonada de los integrantes de la Junta Directiva del BP, mediante periodos de nombramiento que favorezcan la continuidad de la dirección estratégica.
La recomendación de la Sugef consta en el oficio SGF-OFC-1263-2026, suscrito por su jerarca, Hazel Valverde, y remitido el pasado 9 de octubre a Daniella Agüero, jefa del Área de Comisiones Legislativas VII del Congreso.
“Resulta oportuno que, como parte de una valoración integral de las condiciones de sostenibilidad del Banco Popular, (...) podrían considerarse mecanismos de renovación escalonada de los integrantes de su Junta Directiva”, dice el oficio del cual La Nación tiene copia.
El Popular es el único banco público de Costa Rica que no aplica este esquema de renovación de su órgano directivo.
En el Banco Nacional (BN) y el Banco de Costa Rica (BCR), cuyas juntas están integradas por siete miembros nombrados por el Consejo de Gobierno, los periodos se distribuyen entre dos administraciones presidenciales, pues las designaciones son por ocho años.
Durante un gobierno se renuevan tres puestos y, en el siguiente, los cuatro restantes. De esta forma, se evita que todos los directores sean sustituidos al mismo tiempo.
El BP tiene cuatro meses sin contar con Junta Directiva tras vencerse el nombramiento de sus miembros el pasado 31 de julio. La renovación está en marcha, pero no ha concluido.
Un decreto publicado en La Gaceta, del pasado 9 de noviembre, facultó al Consejo de Gobierno para asumir el nombramiento de los siete directores. La disposición le permite designar de forma pro tempore a los cuatro directores titulares que representan a la Asamblea de Trabajadores del BP.
Estos nombramientos, junto con los tres que por ley corresponden al Poder Ejecutivo, permitirán al Consejo de Gobierno tomar el control de la Directiva del Banco Popular.

Justificación de la sugerencia
La Sugef explicó a este diario que la renovación escalonada permite combinar la incorporación de nuevos integrantes con la permanencia de otros que aportan experiencia y conocimiento sobre la entidad.
También ayuda a reducir el riesgo de que un intermediario financiero atraviese periodos prolongados sin un órgano de dirección debidamente integrado, situación que puede generar problemas de gobernanza en la institución.
“En todos aquellos intermediarios financieros cuyo marco legal contempla nombramientos por periodos determinados, resulta conveniente valorar esquemas que favorezcan una renovación ordenada, preservando la continuidad del gobierno corporativo siempre en respeto de las particularidades de sus respectivos regímenes jurídicos”, explicó la Superintendencia.
Desde una perspectiva prudencial, el ente regulador consideró importante que las entidades cuenten “permanentemente” con órganos de dirección debidamente integrados y en condiciones de ejercer sus responsabilidades.
“Cuando todos los integrantes de una junta directiva concluyen sus periodos simultáneamente, puede producirse una pérdida significativa del conocimiento de la entidad financiera, así como dificultades para mantener la continuidad en la ejecución y seguimiento de la estrategia, las políticas de gestión de riesgos y las decisiones de largo plazo”, agregó la Superintendencia.
La ausencia de estos órganos también puede limitar la adopción de decisiones estratégicas, la supervisión de la administración y el cumplimiento de otras funciones que competen exclusivamente a la Junta Directiva.
Consultado al respecto, el Banco Popular, a través de su Oficina de Comunicación, manifestó que respetará las decisiones que adopten las autoridades correspondientes sobre eventuales mejoras a su modelo de gobernanza.
Añadió que cualquier modificación deberá analizarse y tramitarse dentro del marco jurídico aplicable, con criterios técnicos y regulatorios y respeto a las competencias y mecanismos de representación establecidos.
La entidad bancaria aseguró que mantendrá “una actitud abierta y colaborativa” ante las iniciativas que busquen fortalecer su gobernanza, continuidad institucional y solidez.
