La Sala Constitucional pidió un informe al primer vicepresidente de la República, Stephan Brunner, por la destitución de uno de los exdirectivos del Banco Nacional (BN), luego de que el gobierno separó a toda la Junta Directiva anterior en medio de una disputa por el nombramiento de la gerente general, Rosaysella Ulloa Villalobos.
El Tribunal Constitucional aceptó para estudio, el 1.° de julio, un recurso de amparo interpuesto contra el Estado por Rodolfo González Cuadra. Lo representa el abogado Rodolfo Brenes.
Stephan Brunner estuvo a cargo del proceso administrativo que conllevó a la destitución de los directivos del BN el pasado 28 de mayo.
El recurrente alega que el vicepresidente, actuando en funciones de sustitución del presidente de la República, ordenó la separación, sin responsabilidad patronal, “en flagrante violación de principios constitucionales”, sin que existiera una norma que lo facultara para hacerlo.
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Agregó que se efectuó una violación de competencias constitucionales del Consejo de Gobierno, violación al principio constitucional de autonomía e independencia administrativa de la banca estatal y violación a garantías judiciales y principios integrantes del debido proceso.
Tres días para informe
Fernando Castillo Víquez, presidente de la Sala Constitucional, concedió a Brunner tres días hábiles para rendir un informe después de la notificación.
El abogado Brenes indicó a La Nación que el vicepresidente fue notificado este lunes 7 de julio. Para la tramitación del recurso, se designó instructor al magistrado Jorge Araya García.
Los integrantes de la Directiva del BN que fueron removidos son Marvin Arias Aguilar (expresidente), Ruth Alfaro Jara, José Bernal Alvarado Delgado, José Manuel Arias Porras, Montserrat Buján Boza, Rodolfo González Cuadra y Maricela Alpízar Chacón.
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Otro recurso de exdirectora
Por otro lado, el pasado 4 de julio, la exdirectora Maricela Alpízar Chacón también presentó ante la Sala IV un recurso de amparo contra la primera vicepresidencia de la República por violaciones constitucionales.
En el oficio, del que tiene copia La Nación, el abogado de la exdirectora, Mario Rodríguez Bonilla, solicita la medida cautelar de reinstalación en el cargo junto con el resto de exdirectivos.
Además, pidió que se decrete nulidad de las actuaciones y “actos inconstitucionales relacionados con la remoción de la Junta Directiva del Banco Nacional”, además se condene la primera vicepresidencia al pago de daños y perjuicios causados.
Hasta este lunes, la Sala IV no se había pronunciado con respecto a este escrito.
El camino hacia Brunner
En el proceso, el presidente Rodrigo Chaves había otorgado al Consejo de Gobierno el poder de imponer eventuales sanciones a los siete miembros de la cúpula del banco. No obstante, los directivos recusaron a los ministros al advertir que no podían ser juez y parte, en vista de que ellos y el mandatario acordaron abrirles una investigación en una sesión efectuada el 23 de octubre.
El 13 de enero, Chaves aceptó la recusación y retiró la potestad a los ministros, pero de inmediato se la encargó a su vicepresidente, quien estuvo presente en dicha sesión del Consejo de Gobierno, aunque no votó.
Los directivos también impugnaron el nombramiento de Brunner, al señalar parcialidad, improcedencia y falta de transparencia, pero el propio vicepresidente les rechazó la objeción el 22 de abril bajo el argumento de que él asiste al Consejo de Gobierno con voz, pero sin voto.
