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Uno de los principales desafíos de Costa Rica es la informalidad laboral y una reducción gradual de las contribuciones de los empleadores a la seguridad social ayudaría a reducirla.
Así lo señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su estudio sobre Costa Rica publicado la semana pasada.
El documento es parte del proceso que realiza nuestro país para incorporarse a esta organización.
Al terminar el 2015, el 43% de los trabajadores del país laboraban en la informalidad, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y, por cada empresa formal, hay 1,4 semiformales (que pagan patente, pero no cuotas a la Caja Costarricense del Seguro Social, CCSS), según el último Informe del Estado de la Nación.
Estos trabajadores generalmente no tienen seguro pagado por el empleador o su empresa no está registrada.
La situación afecta a las personas, pues carecen de garantías laborales y crea un reto para el Estado pues, en el futuro, muchas no tendrán pensión.
Tanto el Ministerio de Trabajo como la CCSS tienen dos propuestas en camino para tratar de paliar dicha informalidad.
Para la OCDE, uno de los principales obstáculos para que una empresa se formalice, son las altas contribuciones a la seguridad social.
En Costa Rica, detalla el organismo, la tasa total de contribuciones al seguro social es de 36%, de la cual, 26 puntos porcentuales son asumidos por los empleadores, porcentaje está por encima del promedio de los países de este grupo.
Las cargas sociales en Costa Rica incluyen aportes al seguro de salud y de pensiones de la Caja, a Asignaciones Familiares, al Banco Popular, al Instituto Mixto de Ayuda Social, al Instituto Nacional de Aprendizaje y los aportes que establece la Ley de Protección al Trabajador para el fondo de capitalización laboral y el de pensiones complementarias.
La OCDE aclara en el documento que para reducir la informalidad se requiere una propuesta integral.
Sus recomendaciones, además de reducir los costos laborales no salariales, son: simplificar las políticas del mercado laboral, mejorar la capacitación y la educación, fortalecer el cumplimiento y adaptar lo trámites de registro a las necesidades de pequeñas y medianas empresas.
El ministro de Trabajo, Víctor Morales, explicó que el Gobierno propuso el proyecto 19.805, denominado “Ley para exonerar temporalmente del aporte patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y al Instituto Mixto de Ayuda Social a las microempresas en condición de informalidad”.
Comentó que el texto, que fue convocado en sesiones extraordinarias, busca reducir el costo de la seguridad social para estas empresas durante un periodo de máximo cuatro años pues este es el lapso que tarda una microempresa en consolidarse o en desaparecer.
La CCSS, por su parte, afina una propuesta en la cual se incluye la categoría multipatronos, con lo cual varios patronos podrían pagar el seguro a una servidora doméstica que labora en varios lugares hasta alcanzar un mínimo con ayuda de un aporte estatal.
Actualmente, un patrono que contrata a una trabajadora por horas debe pagar como si laborara la jornada completa.
Para otro tipo de empleados, como recolectores de café y trabajadores independientes, la entidad analiza otras opciones.
El viernes no fue posible conversar con Gustavo Picado, gerente financiero de la Caja, para conocer el estado de la iniciativa.
El investigador Pablo Sauma, exdirectivo de la Caja, se opone a reducir dichas cargas.
Rónald Jiménez, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), opinó que, al igual que considera la OCDE, este es un tema que debe verse de manera integral, pues no solo es el pago de cuotas de la seguridad social lo que genera un alto grado de informalidad.
“Nos parece importante que, para que estas empresas comiencen a incorporarse a la formalidad, se podría pensar en una gradualidad de las cuotas de la CCSS al inicio de su gestión, para luego ponerse al día con lo que pagan las empresas formales”, dijo Jiménez.
