La tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) subió de 4% a 8% para los servicios turísticos inscritos ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), como empresas de turismo de aventura o turoperadores, desde el pasado 1°. de julio. El aumento se aplicó de acuerdo con el noveno transitorio de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635), el cual fijó las fechas de incremento gradual que llevarán el gravamen hasta el 13% general en julio de 2023.
Inicialmente, ese apartado de la ley, popularmente conocida como la reforma fiscal, establecía que los servicios turísticos pagarían 4% por concepto de IVA a partir de julio de 2020; 8% en julio de 2021 y un 13% definitivo a partir de este año; sin embargo, la escala se había retrasado 12 meses adicionales, en el 2020, por una enmienda que aprobaron los diputados del cuatrienio pasado en el marco de la pandemia de la covid-19.
El Gobierno de la República estima que la subida del impuesto a estos servicios implicará un aumento de ¢15.000 millones anuales en la recaudación tributaria, aproximadamente. Ese monto representa un 0,03% del PIB estimado por el Banco Central (BCCR) para este 2022.
La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) calificó la subida del impuesto como inoportuna, tomando en cuenta que el sector apenas se empieza a recuperar del impacto del coronavirus y las medidas aplicadas para contenerlo. Sin embargo, también señaló que el incremento al menos no afectará a todos los negocios del ámbito turístico, pues algunos como la hotelería y los restaurantes ya están sujetos al 13% regular del gravamen, desde 2019.
La entrada en vigencia del aumento del IVA al sector turístico llegó a pesar de la existencia de un proyecto de ley impulsado por la diputada Daniela Rojas, jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); el cual pretendía aplazar el incremento correspondiente para este año, como ya se había hecho en el 2020.
El proyecto de Ley de Impulso a la Reactivación Económica del Sector Turístico (23.128) pretendía mantener la tarifa del 4% que se aplicó hasta el 31 de junio pasado por los próximos dos años.
No obstante, el texto nunca llegó a avanzar más allá de su presentación ante la negativa del Poder Ejecutivo de convocarlo para el conocimiento de la Asamblea Legislativa.
El Gobierno actualmente tiene en sus manos la agenda del Congreso, que se encuentra en su primer periodo de sesiones extraordinarias desde mayo pasado.
La directora ejecutiva de Canatur, Shirley Calvo, lamentó en un video difundido a la prensa hace pocas semanas que no hubiese voluntad política para aprobar la posposición del incremento, tratándose el sector turístico del “más afectado económicamente por la pandemia”. “Este es el peor de los momentos para incorporar impuestos, que lo único que hacen es encarecer los servicios, sobre todo cuando países competidores directos para Costa Rica están haciendo más bien todo lo contrario”, afirmó la representante.
Pese a las afirmaciones del sector turístico, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, ya había dejado clara la postura del Gobierno en contra de cualquier aplazamiento desde el 21 de mayo pasado, apenas 13 días después de asumir su cargo. Sobre el proyecto de la diputada Rojas, había dicho que era “desafortunado e inconveniente”, más aún en momentos en que el Gobierno Central necesita con más fuerza cada fuente de recursos.
El jerarca señaló que los recursos provenientes de ese incremento del IVA al sector turísticos incluso habían sido contemplados dentro de la estimaciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entidad con la cual actualmente se desarrolla una agenda de ajuste fiscal aparejada con un programa de financiamiento por $1.778 millones en tres años.
El ministro de Turismo, William Rodríguez, a su vez, argumentó en una entrevista con El Financiero que posponer la entrada en vigencia del aumento le parecía “innecesario”, en vista de que las principales actividades turísticas como hotelería, los restaurantes y los rent a car ya pagan el 13% regular del IVA, y la tarifa reducida apenas beneficia a un pequeño grupo de empresas dentro del sector.
Desde su punto de vista, la recaudación adicional de ¢15.000 millones para el Estado, entonces, tenía un peso.
Recuperación turística en marcha
La producción turística actualmente se encuentra en una fase de recuperación del golpe sufrido en 2020 por la pandemia de covid-19 y las restricciones que originó.
Según contabilizó el Banco Central, en junio pasado, la actividad económica del sector hotelero y de restaurantes recién alcanzó sus niveles anteriores a la emergencia sanitaria en abril pasado, después de permanecer 25 meses por debajo de ese registro.
Uno de lo retos del sector turístico, según ha explicado el ministro Rodríguez en diversas intervenciones, es la necesidad de reconstruir parte del tejido empresarial de la actividad. Muchas empresas y emprendimientos se vieron obligados a cambiar de actividad económica en los últimos años, al dejar de percibir ingresos.
El jerarca también ha mencionado la necesidad de que se reactive por completo la cantidad de llegadas internacionales por la vía aérea, que siguen por debajo de los números del 2019. A mayo de este 2022, el país contabilizó el ingreso de 934.000 turistas por la vía aérea: un 82% de lo que se registró en el mismo periodo de hace tres años.
La tarifa reducida subió de 4% a 8% para operadores de servicios turísticos inscritos como tales ante el ICT. La tasa llegaría al 13% regular en 2023 si no se aplican reformas. (JOHN DURAN)
Construcción sigue
Además del incremento a 8% del IVA al sector turismo, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas mantiene en la redacción de su transitorio quinto que los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil tendrán el mismo incremento (de 4% a 8%) a partir de setiembre de este año.
Ese transitorio inicialmente planteaba el cobro de 13% a partir de julio de 2022; sin embargo, al igual que ocurrió con las actividades turísticas, se aprobó una enmienda en el 2020 para aplazar un año el crecimiento gradual de la tasa del impuesto.
A pesar de que el aumento sigue programado todavía, el diputado José Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), ya presentó un proyecto de ley para detenerlo.
El texto, a diferencia del que no logró pausar la subida en el caso de los servicios turísticos, entrará en corriente legislativa para su análisis a partir del próximo 1°. de agosto, cuando el Congreso retome el dominio de su agenda en sesiones ordinarias.
