Exoneración de importaciones costó a Costa Rica ¢372.000 millones en cinco años

Entre enero del 2013 y junio del 2017, el Ministerio de Hacienda aprobó exenciones tributarias por ¢254.224 millones al sector privado, es decir, el 68% del total, reveló la Contraloría General de la República, este 17 de enero.

En instituciones públicas el beneficio fue de ¢110.884 millones (30%) y en organismos internacionales, ¢7.243 millones, o sea, el 2% de los beneficios aplicados.

Durante ese periodo se autorizaron 158.393 solicitudes de exenciones por importaciones.

Hacienda aprobó un beneficio impositivo por ¢1,8 billones. Sin embargo, solo se concretó el 20,3% (¢372.351 millones), según la información de la Contraloría.

En las empresas privadas, las solicitudes aceptadas fueron por equipos e insumos médicos, productos agrícolas y bienes con destino turístico. En las entidades públicas no se especifica el tipo de beneficio tributario.

Julissa Sáenz, gerente del Área de Fiscalización de Servicios de Administración Financiera de la Contraloría, explicó que en las exoneraciones se permite a un contribuyente dejar de pagar parcial o totalmente un determinado tributo.

"Es dinero que el Estado deja de percibir por lo cual se requiere un adecuado control de estos beneficios otorgados", recalcó Sáenz.

En Costa Rica existen 197 regímenes de exoneración tributaria, creados en 200 diferentes leyes.

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Por ejemplo, hay exenciones para maquinaria, equipos e insumos para actividad agropecuaria; materias primas para actividad agropecuaria; cooperativas de electrificación rural e incentivos turísticos; entre otros.

La pertinencia de mantener o modificar las exoneraciones tributarias han estado en discusión, en los últimos años, debido al déficit fiscal del Gobierno. Para el 2017, se se prevé en 6,1% de la producción nacional, según el Banco Central.

Exenciones locales

El informe de la Contraloría reveló que el mayor descontrol en las exoneraciones ocurre en los tributos locales, pues no hay estadísticas confiables.

La fiscalización estimó que, en el pago del impuesto general sobre las ventas, se exoneraron ¢27.583 millones, de 90.593 solicitudes presentadas, entre el 2013 y el 2017.

Priscilla Piedra, directora general de Hacienda, reconoció que en el caso de las exoneraciones internas no existen datos confiables, pues corresponde a Tributación recabar la información estadística.

Sin embargo, en las declaraciones de impuestos actuales no existe una casilla específica en la cual el contribuyente pueda especificar la exoneración, sino que se tramita como un crédito fiscal, explicó Piedra.

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"No se puede a ciencia cierta determinar cuáles fueron las exoneraciones que se otorgaron (a lo interno). La Contraloría nos pide que se modifique el formulario para que se incluya la información (sobre exenciones locales) y contemos con los datos estadísticos", dijo la funcionaria.

Añadió que están en el proceso de implementar modificaciones a los sistemas informáticos, de Aduanas y Tributación, para contabilizar los beneficios impositivos con más exactitud y prontitud.

Por otra parte, la Contraloría criticó que Hacienda no haya cumplido 20 recomendaciones –de seis informes hechos por el mismo Ministerio– que propusieron modificar y eliminar algunas exoneraciones tributarias.

Los trabajos se realizaron entre el 2010 y el 2017.

La fiscalización del ente contralor no logró determinar cuáles sugerencias se aplicaron o si hay avances.

"En las revisiones de Hacienda se determinó que se exoneraron más de ¢62.000 millones (...) pero se encontró que no se realiza un adecuado seguimiento de las recomendaciones o no han sido canalizadas a instancias más allá de Hacienda", recalcó Sáenz.

La Directora de Hacienda aceptó que los cambios o eliminación de exenciones deben tramitarse en la Asamblea Legislativa, con lo cual –enfatizó– la decisión final es política.