Especialistas abogan por reducir cantidad de impuestos, unificar cargas parafiscales y transformar contribuciones sociales

Las iniciativas fueron planteadas durante el foro “Desafíos del Bicentenario”, organizado la semana anterior por La Nación y el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC).

Participaron Pilar Garrido, ministra de Planificación Nacional y Política Económica; Marta Acosta, contralora general de la República; Bernardo Alfaro, gerente general del Banco Nacional de Costa Rica y exsuperintendente de entidades financieras; y el economista Ronulfo Jiménez. Fue moderado por Carlos González, directivo de Grupo Nación y del CPC.

Durante su intervención, la contralora Marta Acosta cuestionó el hecho de que en Costa Rica haya 100 tributos en los que participan más de 150 instituciones.

“Existe evidencia de que los sistemas tributarios fragmentados desestimulan el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes y, al mismo tiempo, dificultan las labores de fiscalización, incentivando esto la evasión y la elusión”, manifestó Acosta.

La funcionaria señaló que estudios puntuales han determinado que el costo de operación de administrar algunos de esos impuestos es más caro que lo que se recauda.

Añadió que a pesar de que existen tantos tributos, el 93,4% de los ingresos provienen principalmente de seis de ellos. Los de mayor peso son el impuesto a los ingresos y utilidades, el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto único a los combustibles.

Sobre este tema, la ministra Pilar Garrido consideró que la simplificación tributaria es una reforma sobre la que hay que avanzar y añadió que el proyecto Hacienda Digital también es una buena oportunidad para mejorar la experiencia ciudadana al pagar los tributos.

Una vía para bajar tasas de interés

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Con respecto a las cargas parafiscales que pagan los bancos estatales, Bernardo Alfaro consideró que estas deben ser revisadas y uniformadas.

Dichas cargas consisten en contribuciones que la banca pública realiza sobre sus utilidades a distintas entidades.

Alfaro detalló que, por cada ¢100 de utilidades, estos intermediarios pagan: ¢30 de impuesto sobre la renta, ¢15 al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social, ¢10 al Instituto de Fomento Cooperativo, ¢5 a la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación y ¢3 a la Comisión Nacional de Emergencias.

El gerente general del Banco Nacional consideró que todas estas cargas podrían sustituirse por un impuesto de renta único del 50%, superior al de cualquier otra entidad de índole comercial en el país, o del 40% más el 15% del IVM.

“Son las propuestas que hemos estado haciendo a lo largo de los últimos años porque creemos que vale ya la pena revisar este tema”, aseveró.

Al respecto, Carlos González, moderador del foro, llamó la atención de que otra carga que afrontan las entidades es el encaje mínimo legal, el cual consiste en un porcentaje de las captaciones (actualmente del 12% en colones) que las entidades financieras deben entregar al Banco Central.

Alfaro señaló que actualmente el margen de intermediación del banco es de 4,7%. Indicó que si se eliminara el efecto de las cargas parafiscales podrían reducirlo a 4,3% y si el encaje mínimo legal bajara de 12% a 7% podrían reducirlo de 4,7% a 4%. Esto, añadió, tendría un impacto importante en las cuotas de los créditos.

El gerente explicó que para afrontar pérdidas inesperadas los bancos deben contar con un patrimonio robusto y la vía para nutrir su patrimonio es generando utilidades.

Sobre este tema, el economista Ronulfo Jiménez, quien también es asesor de la Asociación Bancaria Costarricense, agregó que el Banco Central ya ha solucionado mucho su problema de pérdidas, que tenía en el pasado.

“Ya prácticamente eso no es un problema grave. Entonces, deberíamos ir a eliminar el encaje, especialmente en los depósitos de largo plazo”, manifestó Jiménez.

“Eso ayudaría a bajar tasas de interés y también a tener mayor solvencia, es decir, que los bancos y entidades financieras en general no dependan tanto de los depósitos de corto plazo, sino que puedan tener más opciones en el largo plazo”, añadió.

Una vía para fomentar el empleo formal

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El economista Ronulfo Jiménez añadió un tema tributario más, que es el de las contribuciones sociales. Se trata de los porcentajes sobre el salario que se destinan a diferentes entidades sociales.

JIménez explicó que la carga tributaria de Costa Rica es del 23,6% de la producción. Las contribuciones a la seguridad social son el 8,1% y el resto de impuestos son el 15,5%, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

En Latinoamérica la carga es de un 22,7%, pero la composición difiere: las contribuciones a la seguridad social representan el 3,9% y el resto, el 18,8%.

“Esto lo que nos dice es que el sistema tributario costarricense global, cuando tomamos en cuenta todas las contribuciones, descansa mucho sobre las contribuciones a la seguridad social; es decir, que descansa en forma desproporcionada en el impuesto al salario, porque al final es un impuesto al salario”, explicó.

Por lo tanto, añadió el economista, la propuesta es cambiar esa composición, lo cual significa que en lugar de cobrar dichas contribuciones se obtenga la recaudación de los impuestos generales. En ese sentido, reiteró que hay que sustituir los recursos para no desfinanciar los programas sociales.

“Reducir el impuesto al salario o a las remuneraciones del trabajo y convertirlo en impuestos más generales, si bien la carga tributaria puede ser que no cambie, esa composición es importante para mejorar la competitividad de las empresas y no penalizar el uso del factor trabajo”, aseveró.

En nuestro país, en el trimestre agosto, setiembre y octubre de este año, el 43,9% de los trabajadores eran informales, según la Encuesta Continua de Empleo.

La ministra Garrido indicó que esto es también una recomendación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y consideró importante visualizar que se mantengan los ingresos para los programas sociales.

En su informe más reciente, el Estado de la Nación explica que los ingresos del impuesto a las planillas, por ejemplo, representaron, en el 2020, el 58% del total de ingresos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y, por lo tanto, advirtió que si se eliminara o se redujera a la mitad tendría un impacto importante en las becas, los centros de cuido y las pensiones del régimen no contributivo.

Según Garrido, hay que considerar el momento para proponer los cambios. Actualmente, aseveró, no ve espacio en la Asamblea Legislativa para poder discutirlo.