El Ministerio de Hacienda no asignará el ajuste presupuestario de ¢388 millones a la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), aprobado por la Asamblea Legislativa dentro del plan de gastos 2024. Ante esta determinación, el órgano antimonopolios notificó la decisión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según lo confirmó su presidente, Guillermo Rojas.
El funcionario de la Comisión recordó que a principios de enero pasado recibieron una comunicación de Hacienda informándoles que los fondos no serían otorgados, argumentando la necesidad de utilizarlos para el pago de la deuda pública. Para Rojas, esto es una excusa con el fin de evitar el fortalecimiento de la Coprocom y también una cuestión de “ego”, ya que la Asamblea aprobó dineros adicionales que no estaban previstos por este Ministerio.
En respuesta, el jerarca del Ministerio de Hacienda, Nogui Acosta, indicó a La Nación que estos recursos se tomaron del pago de los intereses de la deuda pública y serían utilizados para crear plazas de trabajo. “Les dijimos (a la Coprocom) que llenen primero las vacantes que tienen y luego evaluamos el pago de los intereses (de la deuda) y las necesidades de ellos”, apuntó.
Acosta señaló que es muy riesgoso generar gastos permanentes, como las nuevas plazas de Coprocom, financiados con los recursos para el pago de intereses de la deuda pública, porque la fluctuación de las tasas de interés o el tipo de cambio pueden afectar esa obligación y el espacio para priorizar las demás erogaciones se limita.
“Nosotros para hacer frente al pago de intereses hacemos supuestos para las tasas de interés y el tipo de cambio. El monto que se presupuesta (en esta partida) tiene una holgura para hacer frente a posibles aumentos, si se materializa ese riesgo y suben, habrá que reponer esos recursos, para hacerle frente a los pagos, dada la regla fiscal”, explicó.
La regla fiscal es una norma vigente desde el 2018, que limita el crecimiento de los gastos corrientes y de capital de las instituciones, según sea el nivel de endeudamiento público y el crecimiento de la economía.
La situación presupuestaria de la Coprocom fue informada a la OCDE, instancia que ha impulsado el fortalecimiento de este órgano supervisor. Costa Rica se adhirió a la organización en mayo del 2021.
Rojas señaló que sostuvo una reunión con el Comité de Competencia de la OCDE y acordaron enviar una misión a Costa Rica, en marzo, para conversar con las autoridades del Gobierno y los diputados, sobre el tema presupuestario.
Este reclamo de la Coprocom ocurre luego que el órgano denunció públicamente al Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) de tratar de debilitar su independencia, situación que dicha cartera rechazó.
OCDE viene en marzo
Manuel Tovar, jerarca del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y enlace de alto nivel del país ante la OCDE, indicó que la Secretaría del organismo tiene previsto realizar una visita in situ en marzo como parte del proceso de evaluación posterior a la adhesión
Tovar explicó que este tipo de visitas se desarrollan en los procesos de evaluación con el objetivo de recopilar información de diversos actores sobre distintos temas derivados de las recomendaciones, aunque no se centran específicamente en el tema de los fondos presupuestarios.
Además, destacó que Costa Rica aún tiene compromisos pendientes de posadhesión ante el Comité de Competencia de la OCDE, y se han implementado esfuerzos interinstitucionales para abordar con seriedad las recomendaciones planteadas.
La promoción y tutela de la competencia en los mercados es un aspecto relevante dentro de los compromisos de Costa Rica al adherirse a la OCDE. El documento Estudios económicos de Costa Rica, publicado por el organismo, en febrero del 2023, indica que la competencia débil tiende a traducirse en precios relativamente altos de los bienes para los consumidores y de los insumos para las empresas.
“Sin embargo, en el 2022, la autoridad nacional de la competencia (Coprocom) recibió menos de un tercio del presupuesto otorgado por ley. Esto obstaculiza gravemente la capacidad de la autoridad para cumplir con sus funciones, ya que sigue sin contar con suficiente personal y no puede comprar equipos”, indica el documento.
Tovar destacó que, a pesar de las limitaciones presupuestarias existentes debido al proceso de consolidación fiscal, se han realizado labores significativas para demostrar el compromiso de Costa Rica ante la OCDE. En este sentido, señaló haber sido testigo de los esfuerzos del Ministerio de Hacienda para buscar soluciones que estén en sintonía con las expectativas que la OCDE tiene sobre el país.
Las gestiones con la OCDE sobre el tema presupuestario de Coprocom también fueron gestionadas por el diputado Jorge Dengo, del Partido Liberal Progresista (PLP). El legislador remitió el 23 de enero pasado, una carta al jefe del Comité de Competencia de la OCDE, Frédéric Jenny, en la que expone el incumplimiento, por parte del Ministerio de Hacienda, del presupuesto mínimo para la Coprocom, que se establece la Ley N.° 9736.
En la misiva, cuya copia posee este diario, Dengo solicita a la OCDE que notifique formalmente al Gobierno de Costa Rica acerca de sus obligaciones como miembro de este organismo. Hasta la tarde del martes, el legislador no había obtenido respuesta a la comunicación enviada, según confirmó él mismo a La Nación.
Lo que dice la Ley
La Ley N.° 9736, conocida como la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, establece un presupuesto anual para Coprocom de al menos 5.309,05 salarios base, equivalente a ¢2.453,8 millones. El presupuesto aprobado en el 2023 fue ¢735 millones, y la Asamblea Legislativa aprobó un aumento de ¢388 millones para el 2024.
El presupuesto establecido inicialmente para Coprocom, en el 2024, es de ¢835 millones, incluidos ¢100 millones otorgados por el MEIC, como parte de la asignación que obtuvo esta cartera por parte del Consejo de Gobierno. Con este incremento aprobado en noviembre el plan de ingresos y gastos de la entidad se ubicaría en ¢1.223 millones.
Guillermo Rojas recordó que este monto representa el 50% que corresponde por ley. Con el ingreso adicional esperaban cumplir algunas metas, como la instalación de un laboratorio forense, elaboración de estudios de mercado, la modernización de la Dirección de Investigaciones, enfocada en el análisis de prácticas monopolísticas y la contratación de personal.
“Esto nos cayó como un balde de agua fría, nunca imaginamos que se llegara al nivel de incumplir no solo la Ley 7936, sino la Ley del Presupuesto de la República, aprobado por la Asamblea Legislativa. Esto es una manifestación de una vía de hecho que no es propia de un Estado de Derecho”, indicó Rojas, a la vez que aseguró que analizan las acciones jurídicas sobre esta situación.
Sobre los señalamientos del incumplimiento del marco presupuestario, el jerarca de Hacienda, Nogui Acosta, indicó que “un presupuesto es un límite de gasto, no una prerrogativa de las instituciones”.
Respecto al presupuesto establecido en la Ley 7936, Acosta señaló que ese es un límite. “No tienen forma de llevar su gasto a ese nivel. El Gobierno les está asignando en función de su capacidad de gasto y les ha solicitado un plan de trabajo, para asignarles más recursos”, aseguró.
Por otro lado, Rojas, quien asumió en enero la presidencia de la Coprocom, cargo que es rotatorio entre los tres comisionados de la entidad, recordó que desde el 2019, con la aprobación de la Ley 7936 y por recomendación de la OCDE, las competencias del órgano aumentaron exponencialmente y con los recursos asignados esperan cumplir con sus obligaciones legales.
Explicó que la Coprocom tiene como base el Artículo 46 de la Constitución Política, que establece la prohibición de los monopolios de carácter particular, y cualquier acto que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria.
Rojas, refirió que en el órgano laboran nueve personas en las tres direcciones que la conforman: Investigación, Concentraciones e Instrucción, que junto a los tres comisionados y una secretaria, suman 14 funcionarios. Coprocom no cuenta con una área administrativa, aclaró.
Este año, con el presupuesto asignado, sin el incremento aprobado en noviembre, se tiene previsto contratar siete nuevas plazas en las tres direcciones, dos nuevas y cinco que estaban vacantes, explicó Rojas.
