Competencia perfecta: Opacidad presupuestaria

Como suele suceder en Costa Rica –especialmente durante las refriegas electoreras–, la discusión se ha desvirtuado y vaciado de contenido real, como lo demuestran las desafortunadas y sobre simplificadoras –y, desgraciadamente harto comunes– declaraciones del presidente de la República sobre este tema.

En las sociedades modernas es, por supuesto, absolutamente legítimo que se decida –a través de procesos democráticos– proteger o subsidiar actividades económicas o productores específicos a través de los presupuestos o de otros tipos de políticas publicas. Las justificaciones para tales acciones pueden ser múltiples, pero comúnmente recalan en que los grupos protegidos merecen esas ayudas en virtud de su vulnerabilidad económica y social.

Lo que no es legítimo, ni transparente, ni responsable es no hacerse cargo de todas las consecuencias de este tipo de políticas públicas. Es decir, ser conscientes de sus implicaciones fiscales, de si los receptores de las ayudas realmente las requieren y las ameritan, de qué se deja de hacer al decidir entregarles esos recursos en virtud de los limitados espacios presupuestarios, de si existen filtraciones o capturas que dejan en otras manos estos recursos, de las distorsiones que ciertas formas de protección –como los aranceles– generan para el resto de los consumidores y las empresas y, sobre todo, de si políticamente existe suficiente transparencia en cuanto a los montos, méritos y efectos de este uso de los limitados recursos gubernamentales.

Más que una polémica que pueda zanjarse con el adjetivo de “ideológico”, el caso de las compras públicas de alimentos y los “subsidios” a productores agrícolas a través del CNP es un ejemplo de todo lo que no se debe hacer en esta materia, pues al analizarlo con detenimiento el esquema no responde apropiadamente, ni siquiera lejanamente, a los interrogantes que se deben formular al entregar apoyos presupuestarios.

En primer lugar, los gastos del CNP no están sujetos al mismo tipo de escrutinio y regla de decisión políticos que los presupuestos generales. La forma en como dicha institución decide comprar a precios elevados ciertos alimentos a ciertos productores, bajo la premisa de entregarles apoyos públicos, no es decidida colectivamente mediante un proceso político –mediante la transparencia y los pesos y contrapesos– similar al de la aprobación de los presupuestos gubernamentales en el legislativo.

Como si esto no fuera suficiente, este peculiar esquema de subsidios vuelve opacos los presupuestos gubernamentales pues, aunque permanezcan sujetos al escrutinio y la aprobación legislativos, se enmascaran y ocultan, dentro de los montos destinados a las compras públicas –en este caso de alimentos–, transferencias de recursos a actividades o productores específicos.

En otras palabras, se deberá ser más cuidadoso cuando se analizan los presupuestos públicos pues, por ejemplo, en el anhelado 8% del PIB de gasto en educación va, además, oculta una transferencia a productores agrícolas.

Este no es la única utilización peculiar de las compras públicas –herramienta de la cual nadie duda su relevancia desde la perspectiva de la política fiscal y su impacto sobre la demanda interna– en Costa Rica, pues otra desgraciadamente cada vez más común es su uso como una forma de “rescatar” instituciones o empresas públicas en problemas, asegurándoles ingresos a pesar de su ineficiencia o inviabilidad, incluso a costa de mejores usos alternativos para estas asignaciones presupuestarias.

Estas prácticas, en fin, no son sólo fiscal y presupuestariamente incorrectas, sino que cargan a cuestas un pecado aún más capital y reprochable: son opacas políticamente, porque ningún proceso de decisión democrática ha conducido a la determinación de esas ayudas, nadie las está midiendo adecuadamente en su magnitud ni en sus efectos y, por supuesto, nadie está formulando las preguntas adecuadas para decidir sobre este tipo de intervenciones públicas.