El sector empresarial costarricense criticó que las medidas de ajuste propuestas por el Gobierno de cara a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se recarguen sobre las empresas y ciudadanos y dejen de lado el gasto estatal.

La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), por ejemplo, dijo reconocer la difícil situación por la cual atraviesa el país y entender la necesidad de aplicar medidas duras. Empero, atacó la creación de más impuestos.

“Es indudable que más impuestos provocarán una mayor ralentización de la actividad económica, aumentando el desempleo y profundizando la crisis social”, advirtió el presidente de la CCC, Esteban Acón.

El presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, Julio Castilla, coincidió con Acón al reconocer la necesidad de tomar medidas. No obstante, llamó a tomar acciones “concretas y profundas” en la reducción del gasto público, que permitan mejorar la competitividad del país.

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Castilla recalcó en la necesidad de eliminar privilegios y en reducir el aparato estatal, conformado –dijo– por más de 322 instituciones.

“Aumentar la carga impositiva para el sector productivo y los consumidores, generaría un impacto negativo en la competitividad, la formalidad, la capacidad adquisitiva de las familias y el crecimiento económico de Costa Rica”, según la posición de Castilla.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) de igual manera rechazó tajantemente más impuestos y llamó primero a poner en orden las finanzas públicas.

“Costa Rica no debe, ni puede permitirse más impuestos... La alternativa para reducir el déficit no puede ser a través de incrementar o generar nuevos tributos”, señaló la organización cúpula de los empresarios, en un comunicado.

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La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), por su parte, se manifestó en la misma línea. “La propuesta del Gobierno está sesgada hacia los impuestos que afectarán al sector productivo y con ello la reactivación y el crecimiento económico y la generación de empleo. Del lado del gasto hay poco nuevo”, enfatizó esta organización.

La CICR agregó más impuestos reducirán la competitividad frente a otros países de la región y criticó, por ejemplo, que las propuestas de reducir el tamaño del estado, fusionando o cerrando instituciones, están prácticamente ausentes.

Impuestos temporales

Este jueves 17 de setiembre, el Gobierno anunció su propuesta para negociar un acuerdo con el FMI para la obtención de un financiamiento de $1.750 millones. Estas conversaciones se iniciarían a principios de octubre.

Entre los gravámenes temporales que se crearían, se encuentran tarifas de renta adicionales, y progresivas, para los salarios mayores de ¢840.000. 

Para personas físicas con actividades lucrativas y cuyas rentas netas sean mayores a los ¢3.638.000 se les cobrará también una tarifa adicional que irá escalando con base en el monto; y a las personas jurídicas con una renta bruta superior a los ¢109.228.000, se le aplicará una tarifa adicional del seis puntos porcentuales sobre su utilidad neta. 

En el caso específico de la medida para gravar las transacciones financieras, la Oficina del Consumidor Financiero (OCF) advirtió que es “un impuesto cruel para los consumidores”.

La propuesta es un tributo de 0,3% en los dos primeros años, lo que equivale a ¢3.000 por cada ¢1millón. Durante los dos años siguientes, la tasa bajaría a 0,2% (¢2.000 por cada ¢1millón).

Danilo Montero, director general de la OCF, declaró que la propuesta es contradictoria con los esfuerzos del país en educación financiera y bancarización o uso de las entidades financieras por parte de la mayor población posible.

“Es un gravamen ingrato, que se suma a la serie de impuestos que ya de por sí tiene que pagar la ciudadanía. Y si los consumidores no lo consideran un impuesto justo, lo que harán es moverse al efectivo, a mantener bolsas de billetes para pagar en la pulpería, para enviar fondos a un familiar, o para pagar los servicios públicos”, advirtió Montero.

El economista Thelmo Vargas también señaló la inclinación en la carga de impuestos. “(La) propuesta recarga el ajuste en impuestos y no en control de gasto y venta de activos estatales no estratégicos, excepto Bicsa y Fanal, que traerían pocos ingresos. Además, no muestra proyecciones de balance y endeudamiento del Gobierno, desempleo ni pobreza en el país para 2021-2030, de acogerse las medidas”, resumió.