La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) recurrió a la Sala Constitucional para detener la intención del Banco Central de Costa Rica (BCCR) de obtener la información de deudores sin anonimizar.
La organización bancaria presentó, este martes, una acción de inconstitucionalidad y un recurso de amparo contra el ente emisor por exigirle a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) la entrega de las bases de datos crediticias.
Mario Gómez, asesor jurídico de la ABC, argumentó que la solicitud del BCCR violenta la información privada de los costarricenses sobre sus operaciones bancarias y situación patrimonial, que son confidenciales.
Bancos van a Sala IV para frenar al BCCR
El jurista explicó que la petición transgrede la Constitución Política y la propia Ley Orgánica del Banco Central que establecen que la información de una persona o empresa no puede ser compartida sin consentimiento informado u orden judicial.
“El Banco Central pretende acceder la integralidad, sin restricción alguna, de las bases de datos de crédito de la Sugef, que contiene información desagregada, concretamente datos personales de interés privado y sensibles cubiertos por la garantía de la confidencialidad, la reserva y el secreto bancario”, dijo Gómez.
La acción de inconstitucionalidad se presentó contra el acuerdo de la Junta Directiva del Banco Central, de noviembre del 2022, en el cual pidió las bases de datos crediticias a la Sugef.
Según la ABC, las estadísticas que desea construir el Banco Central se hacen a partir de datos agregados, por lo cual no requiere la información personal de interés privada y sensible.
Mario Gómez, asesor jurídico de la ABC, explicó que acudieron a la Sala IV para evitar que el Banco Central tenga acceso a información de deudores sin anonimizar. (Jose Cordero)
En el caso del recurso de amparo, la Asociación Bancaria pidió a los magistrados declarar que el acuerdo del BCCR violenta los derechos fundamentales a la autodeterminación informativa, a la intimidad, confidencialidad y reserva mencionados en la Constitución Política.
Por último, la agrupación pidió que el ente emisor pague los daños y perjuicios provocados con la lesión de los derechos fundamentales indicados, el pago de las costas procesales y personales del proceso de amparo que se liquidarán en la fase de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
La polémica sobre la solicitud del Banco Central de deudores sin anonimizar se conoció después de que Rocío Aguilar, jerarca de Sugef, revelara de que fue denunciada penalmente por el supuesto delito de desobediencia a la autoridad al no entregar las bases de datos al en emisor.
La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por la gerenta del Banco Central, Hazel Valverde Richmond, el 21 de abril del 2023.
El ente emisor insiste que requiere la base de datos crediticia con la identificación de cada deudor porque la información anónima tiene inconsistencias y no funciona para sus objetivos de generación de estadísticas pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
