Las instituciones del Gobierno Central encargadas de la seguridad ciudadana, vial y de la administración de justicia acumulan casi una década con una planilla estancada, mientras Costa Rica enfrenta mayores desafíos en materia de seguridad.
En 2027, las plazas del Ministerio de Seguridad Pública, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y Paz, y la Policía de Tránsito, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), representarían en conjunto el 27,4% de la planilla gubernamental, frente al 27% que representaban en 2018.
En términos absolutos, dichas entidades concentrarían el año entrante 42.641 de los 155.387 puestos del Gobierno Central, mientras que en 2018 ocupaban 38.438 de las 142.276 plazas.
Según información disponible en la exposición de motivos de distintos proyectos de Presupuesto Nacional, el crecimiento del número de puestos de las cuatro instituciones mencionadas no fue continuo: la cifra total bajó a 38.290 en 2021 y, a partir de entonces, comenzó a elevarse de manera leve.
No obstante, detrás de ese comportamiento general hay diferencias entre dichas entidades, las cuales han registrado tendencias distintas en cuanto a la cantidad de personal con aumentos, reducciones y periodos de estabilidad.
Aunque para el 2027 ninguna de ellas sufriría disminuciones en sus planillas, dos señalaron a La Nación que requieren más plazas.
Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en 2025 hubo 873 homicidios dolosos, tres casos menos que en 2024, cuando ocurrieron 876 asesinatos.
No obstante, 2025 fue el tercer año consecutivo en que la cantidad de asesinatos superó la barrera de las 600 muertes violentas de este tipo. La mayoría de ellas fueron cometidas con armas de fuego y cuyos móviles, en casi ocho de cada diez casos, obedecieron a venganzas o ajustes de cuentas.
La inseguridad y la delincuencia continúan siendo el principal problema del país, de acuerdo con la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), publicada a inicios de setiembre.
Ministerio de Seguridad Pública
La planilla del Ministerio de Seguridad se compondría de 19.205 puestos en 2027, la misma cantidad del 2026 y que corresponde a la cifra más alta desde, al menos, 2018. De esta forma, la institución representaría el 12,36% de las 155.387 plazas del Gobierno Central previstas para el año entrante.
Según datos del Ministerio de Hacienda, la cantidad de puestos de Seguridad fue de 18.421 en 2018, lo que representó un 12,95% de las 142.276 plazas del Gobierno Central en ese año. Luego, la planilla descendió hasta llegar a 17.432 puestos en 2022, cifra que se mantuvo en 2023. En los tres años siguientes, la cantidad de plazas aumentó.
La Nación envió consultas al correo de prensa de la cartera el pasado 16 setiembre a las 9:54 a. m., para conocer su posición respecto a la cantidad de plazas que posee y si considera que esa cifra resulta suficiente. Sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
Poder Judicial
La planilla del Poder Judicial equivale a entre un 8% y un 9% del total de plazas del Gobierno Central entre 2018 y 2027. Durante ese periodo, la cantidad de funcionarios de la institución pasó de 12.579 a 13.856, la cifra más alta desde, al menos, 2018.
Según datos de Hacienda, el Poder Judicial es una de las entidades que no ha registrado reducciones en la cantidad de funcionarios de su planilla en casi una década.
Sin embargo, la Corte sostiene que la cantidad de plazas disponibles no ha sido suficiente para atender la demanda de la ciudadanía por los servicios de administración de justicia. Entre 2026 y 2027, su planilla aumentaría apenas en 26 plazas.
“Hoy día se tiene una necesidad de 2.083 plazas para hacerle frente al incremento de la criminalidad y poder dar cumplimiento a leyes y reformas legales aprobadas sin la asignación de recursos presupuestarios al Poder Judicial.
“Estas reformas asignan nuevas tareas y responsabilidades a la institución que, para realizar estas nuevas funciones, ha implicado que con los mismos recursos se brinden estos nuevos servicios, ocasionando afectación en la capacidad de respuesta institucional y por ende afectación a la persona usuaria”, indicó la entidad a La Nación.
De acuerdo con lo informado por el Poder Judicial, en materia penal, por ejemplo, un tribunal colegiado puede conocer actualmente hasta 180 asuntos catalogados de complejidad promedio en un año.
Sin embargo, cuando se trata de casos de alta complejidad, como asuntos de crimen organizado, puede asumir hasta dos en un año, “lo que representa la imposibilidad de conocer los demás 178 delitos”.
Ministerio de Justicia y Paz
El Ministerio de Justicia y Paz contaría con 8.641 plazas en el 2027, lo que significa 272 puestos más respecto a 2026 y la cifra más alta desde 2018. Su participación dentro de la planilla del Gobierno Central ha oscilado entre el 4,5% y el 5,5% durante el periodo analizado.
De acuerdo con Hacienda, en 2018 dicha cartera contaba con 6.471 plazas. Después, la cantidad disminuyó a 6.434 en 2020. En 2021, comenzó a aumentar y en 2022 alcanzó 7.868 plazas, cifra que se habría mantenido en 2023.
En 2024, la cantidad de funcionarios de Justicia subió a 8.157 y en 2025 llegó a 8.369, cantidad que se habría mantenido en 2026. Para 2027, la planilla volvería a aumentar.
Las 271 nuevas plazas asignadas a dicho ministerio se distribuirían entre puestos policiales, administrativos, de apoyo operativo, profesionales y técnicos, orientados a reforzar la prestación de los servicios penitenciarios, de seguridad y de gestión institucional, según Hacienda.
La Nación envió consultas al correo de prensa de Justicia, el pasado 21 de setiembre, a las 9:27 a. m., para conocer su posición respecto a la cantidad de plazas y si considera que resultan suficientes. Sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
Policía de Tránsito, MOPT
La Policía de Tránsito representa menos del 1% de la planilla total del Gobierno Central. Entre 2018 y 2027, la cantidad de plazas policiales del MOPT ha fluctuado entre 838 y 969.
Según la exposición de motivos del proyecto de ley del Presupuesto Nacional, la cantidad de funcionarios de ese cuerpo crecería para llegar a 939 en 2027, frente a las 838 del 2026. De acuerdo con el MOPT, el incremento proyectado para el año entrante constituye un avance importante hacia la recuperación gradual de la capacidad operativa institucional.
“Se espera que el proceso de fortalecimiento continúe en los próximos años, con el objetivo de incrementar progresivamente la cobertura y atención de las funciones de seguridad y control vial que la legislación asigna a la institución”, manifestó el Ministerio a La Nación.
Sin embargo, para efectos de planificación operativa, la Dirección General de la Policía de Tránsito estimó preliminarmente que requiere una dotación de entre 1.300 y 1.350 plazas policiales para atender de mejor manera el crecimiento de las intervenciones a nivel nacional en carretera.
Para determinar sus necesidades de personal, la entidad consideró variables como el incremento de la accidentabilidad vial, la cobertura territorial requerida, el aumento de las acciones preventivas, los operativos especiales, la atención de eventos extraordinarios y la distribución del personal entre las seis regiones policiales y la sede central.
Asimismo, la institución manifestó que ha identificado la necesidad de realizar ajustes internos en la estructura organizacional, optimizar la distribución del recurso humano y garantizar la ocupación efectiva de las plazas vacantes.
Los desafíos en materia de seguridad vial también se reflejan en otros indicadores.
Los datos de la Superintendencia General de Seguros (Sugese) muestran un aumento sostenido en la cantidad de accidentes en carretera atendidos mediante el seguro obligatorio automotor (SOA).
Por ejemplo, en el 2018 el promedio mensual de siniestros de motocicletas era de 1.500 y de carros de 600. Para el presente año, con corte a julio, los percances en los que hubo una moto se elevaron a 3.000 en promedio por mes y en automóviles se mantuvo en los 600.
El crecimiento en la frecuencia de siniestros está relacionado con el aumento de automóviles que transitan en las vías. En 2018, había 1,5 millones vehículos y, para este año, la cifra subió a dos millones.