La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) exige a cinco empresas públicas el pago de ¢133.276 millones adeudados al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), por concepto de pagos pendientes para atender jubilaciones de trabajadores no asalariados en condiciones de pobreza.
Según el estado financiero del régimen, de abril pasado, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) figura como el principal deudor al concentrar el 56,74% del saldo total, es decir, una obligación de ¢75.613 millones, correspondiente a la deuda principal más los intereses acumulados.
La Gerencia de Pensiones confirmó a La Nación que, desde el 2013, el Instituto no ha realizado ningún pago de sus compromisos con el régimen del IVM.
Le siguen el Instituto Nacional de Seguros (INS), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el Banco Nacional (BN) y el Banco de Costa Rica (BCR) que, en conjunto, suman una mora de ¢57.075 millones.
Estas deudas corresponden a obligaciones contempladas en el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador, el cual establece desde el 2012 que las empresas estatales deben destinar hasta un 15% de sus utilidades anuales al fortalecimiento del IVM.
A partir del 2013, la Caja inició el proceso de cobro; sin embargo, desde entonces han surgido discrepancias con las entidades públicas sobre los montos reclamados, debido a la falta de precisión en la normativa.
En ese entonces, la Gerencia de Pensiones determinaba el monto a pagar con base en la utilidad bruta, es decir, antes del pago de impuestos, según recomendación de la Dirección Jurídica. No obstante, en el 2018 se reformó la ley para precisar qué compañías estaban obligadas y se definió que el cálculo debía realizarse sobre la utilidad neta, es decir, después del pago de tributos.
Actualmente, las entidades sujetas a este aporte son: Recope, INS, ICE, Banco Nacional, BCR, Editorial Costa Rica, Correos de Costa Rica S. A., Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) e Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).
Fuerte incremento
La Nación consultó el historial del saldo adeudado por las empresas públicas durante los últimos seis años y, para este 2025, se muestra un fuerte ascenso.
Hasta abril anterior, el pendiente de pago (principal más intereses y multas) era de ¢133.276 millones, es decir, un incremento del 175% frente a los ¢48.466 millones, en el mismo periodo del 2024.
El incremento tan relevante en la morosidad de las compañías estatales se debe a que, entre el año pasado y este, la Dirección Financiera Administrativa de la Caja hizo una actualización del pendiente de pago de las cinco instituciones.
En el caso de Recope, la Caja revisó los periodos del 2018, 2019, 2020 y 2021; en el ICE, el 2022 y 2023; en el BN, el 2020, 2021 y 2023; y en el BCR, el 2024.
Aunque el comportamiento de la deuda ha mostrado fluctuaciones al alza y a la baja, en ningún otro año se habían reportado aumentos tan marcados como en este 2025.
El 2023 fue el segundo año con el saldo más elevado al alcanzar los ¢67.473 millones. Entretanto, en abril del 2020 se registró el monto más bajo por concepto del aporte al IVM, con una deuda de ¢14.469 millones, según los estados financieros del régimen.
LEA MÁS: Cinco empresas estatales deben al IVM ¢45.000 millones de sus utilidades
Desglose de deuda por empresa
La empresa pública con la mayor deuda a las pensiones del IVM es el ICE, cuya mora pasó de ¢0, en abril del 2024, a ¢69.424 millones un año después. A esa cifra se suman ¢6.189 millones por concepto de intereses, lo que eleva el monto total a ¢75.613 millones.
Según el estado financiero, el aumento responde al registro de apertura de cuentas por cobrar correspondientes al año 2022 y a obligaciones del 2023.
La Nación consultó a la empresa pública el pasado 17 de junio, mediante un correo electrónico enviado las 2:38 p. m., si fue notificada del monto adeudado, si estaba de acuerdo con la cifra, presentaría alguna apelación o si procedería con el pago. Sin embargo, la entidad no acusó recibo del correo ni brindó las respuestas.
Por su parte, la Gerencia de Pensiones de la CCSS explicó que el monto adeudado por el ICE ha crecido de forma sostenida debido a que la institución acumula 12 años sin efectuar ningún desembolso.
“En el caso del ICE, nunca ha honrado con dicha contribución desde el 2013, de ahí que el rubro adeudado se acreciente año con año sumando intereses, toda vez que el proceso de cobro se encuentra judicializado”, afirmó la Gerencia.
El INS se mantiene como la segunda entidad con mayor morosidad, con una deuda principal de ¢17.342 millones y ¢1.713 millones en intereses acumulados, lo que eleva el monto total a ¢19.055 millones. Esta cifra supera en ¢1.533 millones la deuda registrada en abril del 2024.
No obstante, tras ser consultado por este diario sobre el monto, el INS alegó que los ¢19.055 millones reclamados por la CCSS no coinciden con sus registros contables.
Además, aseguró que realizó el pago correspondiente de los tributos en 2023 y 2024, pero que la Caja pretende cobrar una “supuesta diferencia”, por lo que se formuló un proceso judicial para pedir la nulidad del cobro.
“El Instituto detectó un error en la fórmula utilizada por la CCSS para hacer la estimación, por lo que (...) se formuló un proceso judicial para anular el cobro de la CCSS, que se tramita en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda”.
— Instituto Nacional de Seguros.
De acuerdo con el estado financiero, la CCSS enfrenta tres procesos judiciales por el cobro del aporte del artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador.
Entre ellos figuran demandas del Banco Nacional, del Banco Crédito Agrícola de Cartago y de un grupo de empresas públicas que cuestionan la legalidad del porcentaje fijado por decreto y el cálculo de los montos cobrados.
Recope: ‘No se justifica realizar ningún pago adicional’
En el caso de Recope, la mora se disparó un 821%, al subir de ¢1.817 millones, en abril del 2024, a ¢16.727 millones este año.
La CCSS argumenta, en su estado financiero, que el incremento en la cuenta de la Refinadora obedece a la obligación pendiente por concepto del registro de apertura de las cuentas por cobrar correspondientes a los años 2018, 2019, 2020 y 2021.
No obstante, Recope aseguró a La Nación que calcula y paga la contribución conforme a lo dispuesto en la ley. Sin embargo, sostuvo que los cobros y montos determinados por la Caja difieren de lo establecido en la normativa, por lo que manifestó su desacuerdo con las pretensiones de la CCSS.
La Refinadora detalló que, en relación con las cuentas pendientes, recibió el 22 de agosto del 2022 el oficio GP-DFA-1437-2022 sobre esta situación. No obstante, siete días después, la empresa solicitó la nulidad absoluta de dichas cuentas mediante el oficio GAF-1072-2022, con el objetivo de dejar sin efecto el cobro.
“Recope ha pagado lo que en derecho corresponde, por lo que no se justifica realizar ningún pago adicional”.
— Refinadora Costarricense de Petróleo.
Por su parte, el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica adeudan a la CCSS ¢10.850 millones y ¢10.443 millones, respectivamente.
José Antonio Vásquez, director de Finanzas del Banco Nacional, aseguró que la entidad ha cumplido con el pago del aporte parafiscal establecido en la normativa, con base en sus utilidades, por lo que afirmó que no registra “ninguna cuenta pendiente por pagar” con la Caja.
La Nación consultó al Banco sobre la fecha del pago y si este cubre la totalidad del monto señalado en el estado financiero. Vásquez detalló que la entidad hace efectivo en marzo de cada año el pago del aporte, y afirmó que la cuenta por cobrar que se refleja en los estados financieros no es de conocimiento del Banco, ya que le corresponde a la gestión interna de la institución.
También se enviaron consultas al BCR; no obstante, indicaron que, actualmente, los cobros parten de un litigio judicial pendiente de resolución final, por lo que declinaron responder hasta la conclusión de la disputa.
