La presidenta Laura Chinchilla les ordenará a las empresas públicas hacer un aporte económico adicional al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la CCSS.
Entidades como el ICE, Recope, el INS y los bancos estatales deberán desembolsar un porcentaje anual de sus utilidades para fortalecer el sistema y ampliar su cobertura entre los trabajadores no asalariados que viven en pobreza.
A partir del 2013, dichas empresas tendrán que girar el 5% de sus utilidades; el porcentaje subirá a un 7% en el 2015 y, para el 2017, quedará fijado en un 15%.
Así lo establece un anteproyecto de decreto anunciado ayer por la mandataria, el cual será sometido a consulta pública y, posteriormente, publicado.
Chinchilla explicó que esta obligación fue establecida en el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador, aprobada en el año 2000, pero ninguno de los gobiernos anteriores la puso en práctica.
En el 2010, una sentencia de la Sala IV había ordenado al Ministerio de Trabajo y a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) cumplir con los trámites que faltaban para hacer el cobro.
Los magistrados analizaron el caso ante un recurso de amparo del ciudadano Roberto Mora Salazar.
Según un reportaje de La Nación publicado en agosto del 2009, la CCSS habría recibido $85 millones en el 2008 si hubiese cobrado el 15% de sus utilidades solo a Recope, el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
¿Cuánto ayudará la medida a tapar el hueco en las finanzas de la CCSS (el año pasado la Superintendencia de Pensiones advirtió que las cuotas de los contribuyentes IVM ya no alcanzan para cubrir las pensiones)? Chinchilla dijo ayer que es muy difícil anticiparlo.
“Si bien esto viene a ayudar en la parte del régimen no contributivo no es como para pensar que será el paliativo en la situación de la finanzas de la Caja. Es decir, la Caja tiene que seguir haciendo lo que está haciendo, que es adoptando medidas de contención y racionalización del gasto y mejorando los esfuerzos de recaudación”, dijo Chinchilla.
El INS dijo ayer que actuaría “conforme a derecho” y el ICE anunció que estudiará el tema.
En tanto, el BCR se mostró preocupado. El gerente general, Mario Rivera Turcios, argumentó que las utilidades son las que permiten desarrollar la actividad crediticia.
“Estos nuevos aportes, aunque loables, disminuirían nuestra suficiencia patrimonial y, por ende, nuestra capacidad para atender la demanda de crédito por lo que se podría generar una afectación a nuestra competitividad”, afirmó el gerente.
La CCSS, por su parte, informó de que hoy el régimen del IVM tiene 186.000 beneficiarios.
