El sistema de pensiones complementarias que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) otorga a sus exempleados alcanzó un punto de insostenibilidad. Desde una perspectiva actuarial, el fondo registra un déficit que asciende a los ¢237.722 millones.
Así consta en la Valuación Actuarial del Fondo de Retiro de Empleados de la CCSS al 31 de diciembre de 2025 (EST-0025-2026), elaborada por la Dirección Actuarial y Económica de la Caja.
El fondo solo tiene capacidad para respaldar el 75,8% de sus obligaciones de largo plazo. En términos simples, por cada ¢100 necesarios para cubrir las pensiones, el régimen dispone de menos de ¢76.
Ante esta situación, la Dirección Actuarial y Económica recomendó evaluar la posibilidad de que los trabajadores comiencen a cotizar para esta pensión complementaria, pues actualmente es financiada en su totalidad por la Caja con un aporte equivalente al 3% bruto de la planilla total de salarios ordinarios de sus servidores.
¿Cómo se hizo el análisis?
Como parte del informe, la autoridad actuarial de la CCSS analizó los aportes y beneficios actuales y futuros de los participantes del Fondo: los pensionados en curso de pago y los trabajadores activos.
Este escenario permite determinar si los recursos acumulados y las cotizaciones futuras de estos trabajadores serían suficientes para cubrir las pensiones del segundo grupo, sin considerar a quienes ingresen posteriormente.
Para este grupo cerrado, la valuación revela que el fondo tendría ¢744.687 millones para respaldar sus obligaciones futuras. Ese monto incluye los recursos acumulados a partir de las inversiones del fondo y aquellos de su presupuesto institucional.
Sin embargo, cubrir las pensiones actuales y los beneficios futuros requeriría ¢982.409 millones, lo que genera una brecha de ¢237.722 millones.
La Nación consultó a la CCSS sobre las acciones que implementa para mitigar y cerrar la brecha actuarial del fondo, así como sobre el seguimiento de las recomendaciones de la Dirección Actuarial y Económica para evaluar alternativas de financiamiento. Al cierre de edición, la consulta permanecía en trámite.
¿En qué consiste el Fondo de Retiro de Empleados?
El Fondo de Retiro de los Empleados (FRE) es un régimen de beneficio complementario para todos los funcionarios activos de la planilla de esta institución autónoma. Su objetivo es complementar la pensión del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y permitir el traslado de los fondos correspondientes si el trabajador se separa de la institución.
Los recursos provienen de un aporte patronal exclusivo. Este monto se deriva del presupuesto de la CCSS, el cual se compone, en gran medida, por las contribuciones obrero-patronales que se realizan mensualmente.
El monto que recibirá cada trabajador depende de los años cotizados y laborados para la Caja. La escala establece diferentes escalones, incluyendo un mínimo de 3,27% sobre el salario devengado para quienes acumulen entre 15 y 19 años de servicio, y un máximo del 7% para quienes superen los 35 años en la institución.
Para el 2025, por ejemplo, un salario ordinario promedio de ¢1.145.157 implicaba una pensión complementaria mensual de ¢131.648.
Déficit disminuyó en más de ¢8.000 millones en un año
Según los hallazgos de la Dirección Actuarial y Económica, el déficit actual asciende a ¢237.722 millones, una disminución de ¢8.920 millones frente a la valuación al 31 de diciembre de 2024, cuando la brecha era de ¢246.642 millones.
No obstante, la razón de solvencia bajó de 76,3% a 75,8% en un año, lo que representa un retroceso de 0,5 puntos porcentuales (p. p.).
Bajo ese contexto y de acuerdo con el documento, la prima media requerida es de 4,35% de los salarios para cubrir durante los próximos 100 años las obligaciones actuales con los pensionados y los beneficios futuros de la generación actual de trabajadores.
Sin embargo, la prima reglamentaria vigente es de apenas 2,90%, lo que ha llevado al fondo a acumular el déficit actuarial de ¢237.722 millones.
“El Fondo necesita de un ingreso del 4,35% de los salarios para hacerle frente a las obligaciones actuales de los pensionados en curso de pago y a los futuros beneficios de la generación actual”, detalla el documento.
“La prima reglamentaria actual es de 2.90% lo que deja de manifiesto una brecha generada principalmente por las obligaciones ya contraídas representadas por las pensiones en curso de pago otorgadas bajo el perfil de beneficios anterior a la reforma del FRE”, agrega.
CCSS omite detallar cuándo alcanzará el fondo un punto crítico
Pese a la detección del hueco actuarial, la Dirección Actuarial y Económica no precisa cuándo el fondo podría enfrentar dos momentos críticos: la insuficiencia de ingresos y el agotamiento de la reserva.
En un escenario abierto, que considera a los participantes actuales y futuros, tanto en aportes como en beneficios, la institución no identifica estos puntos críticos ni proyecta un déficit.
Sin embargo, para el grupo cerrado, donde sí existe y se observa la brecha actuarial, no se precisa cuándo el fondo podría entrar en estas fases críticas.
Esto es relevante, ya que un análisis de grupo cerrado es lo que permite evaluar si un fondo de pensiones o retiro puede pagar todas las promesas hechas a las personas que ya están afiliadas y pensionadas, sin asumir que ingresará nadie nuevo a aportar.
Es una prueba de solvencia ordenada a todos los fondos de pensiones fiscalizados por la Superintendencia de Pensiones (Supén), y busca determinar si las reservas, inversiones y aportes futuros ya comprometidos alcanzan para financiar los beneficios hasta que muera el último integrante actual del grupo.
Dirección recomendó que trabajadores coticen
Desde la valuación actuarial de 2024, la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS recomendó consultar a la Dirección Jurídica sobre la viabilidad legal de que los trabajadores activos de la institución coticen al fondo.
Además, planteó que, una vez obtenido el criterio jurídico, se valorara esta medida para fortalecer la solvencia actuarial.
Sin embargo, el informe de 2025 no señala que dicho análisis se haya realizado. Por el contrario, recomienda dar seguimiento a la propuesta del año anterior y solicitar el criterio de la Dirección Jurídica.
También plantea considerar el análisis del grupo cerrado, como lo exige la Supén, para tomar decisiones a partir de ese escenario.
La Nación consultó a la CCSS si el estudio jurídico fue solicitado y, de no ser así, cuándo prevé obtenerlo. También preguntó si respaldaría una eventual reforma para que los trabajadores activos coticen al fondo. Al cierre de edición, no se había recibido respuesta.
Valuaciones actuariales FRE 2025-2024.pdf