La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ubicó a Costa Rica entre los países latinoamericanos cuyos fondos de pensiones concentran una alta proporción de sus inversiones en deuda pública, junto con naciones como República Dominicana y Uruguay.
Según el informe Perspectivas de las Pensiones de la OCDE 2026 (OECD Pensions Outlook 2026), el subdesarrollo de los mercados de capitales locales puede contribuir a esa concentración.
Sin mencionar a los tres países lationamericanos, el organismo también identificó otros factores que pueden explicar la elevada inversión en deuda pública en las naciones, como las normas de inversión.
En una línea similar, la Superintendencia de Pensiones (Supén) explicó, a través de su Oficina de Prensa, que las características del mercado de valores costarricense influyen “de manera relevante” en la composición de las carteras de inversión de los gestores de fondos de pensiones.
Dicha influencia se da al haber una oferta limitada de instrumentos financieros y una participación predominante del Gobierno como emisor, a lo cual se le suma la existencia de un límite legal de inversión en mercados internacionales.
Hermes Alvarado, jerarca de la Supén, señaló recientemente que las operadoras de pensiones complementarias (OPC), por ejemplo, necesitan mayor libertad para invertir. En el programa En Profundidad, de Teletica.com, el jerarca se refirió a los límites que rigen las inversiones de estas entidades.
“Hoy trabajamos con límites. 25 años tienen las operadoras de trabajar con límites (...). Pueden invertir no más del 50% en títulos del exterior, no pueden invertir más del 77% en títulos del sector público, no pueden invertir más de 5% en un fondo de inversión”, detalló en la entrevista de En Profundidad publicada a inicios de este mes.
Ante esto, Alvarado mencionó en el programa que la reforma que busca dividir el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) en dos fondos diferenciados debe acompañarse de una revisión articulada e integral del reglamento que regula las inversiones de las operadoras.
La Oficina de Prensa de la Superintendencia indicó a La Nación que existen oportunidades para que los gestores de los fondos de pensión diversifiquen las inversiones en el plano local, pero principalmente en el internacional.
“La oferta de instrumentos financieros en Costa Rica es el factor determinante. En todo caso, cualquier inversión debe seguir el marco regulatorio local para velar por la seguridad y el bienestar de afiliados y pensionados”, añadió ese departamento.
La Nación también consultó a la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP) sobre el señalamiento de la OCDE, el pasado 12 de noviembre. Sin embargo, al cierre de edición, las consultas seguían en trámite.
Inversiones del sistema de pensiones de Costa Rica
Al cierre del 2025, aproximadamente el 68% de los recursos administrados por los “proveedores de pensiones” en Costa Rica estaba invertido en “letras y bonos”, de acuerdo con datos incluidos en el informe de la OCDE.
Una concentración similar en esos instrumentos presentaba el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cuya cartera destinaba el 64% de sus recursos a ellos, indicó el organismo.
Por su parte, datos de la Supén publicados en el boletín de setiembre del 2025, muestran que las carteras de inversión de los regímenes básicos —IVM, Bomberos, Poder Judicial y Magisterio Nacional— mantenían una marcada concentración en instrumentos de renta fija, es decir, títulos de deuda.
Según la Supén, los instrumentos de renta fija representaban el 92% del portafolio total de inversiones de los regímenes básicos, lo que reflejaba una estrategia de inversión relativamente conservadora. En ese momento, estos sistemas administraban ¢10,8 billones en activos.
En el caso del ROP, los instrumentos de renta fija representaban el 61%. En los planes voluntarios y en el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) esa proporción alcanzaba el 73% y el 79%, respectivamente. Estos fondos administraban activos por ¢13,6 billones, ¢685.000 millones y ¢769.000 millones, en ese orden.
“El SNP (Sistema Nacional de Pensiones) evidencia inversiones donde predominan la renta fija de emisores públicos nacionales, complementada por una porción internacional en renta variable”, explicó la Supén en ese boletín.
Supén señala que una concentración elevada en un mismo emisor o mercado aumenta la exposición a los riesgos financieros y operativos del caso, situación que debe ir de la mano con una gestión efectiva, como lo es, por ejemplo, la diversificación de las inversiones, dadas las opciones disponibles.
Mercado local poco profundo
Desde hace varios años, expertos han señalado que el mercado de capitales costarricense es pequeño y ofrece pocas alternativas de inversión. Esta situación favorece la concentración de los recursos de los fondos de pensiones en instrumentos emitidos por el Ministerio de Hacienda.
A diciembre del 2025, la deuda total del Gobierno Central ascendió a ¢31,3 billones. De ese monto, el 45% estaba en manos de fondos de pensiones complementarios y básicos, que en conjunto registraron un saldo invertido en títulos del Gobierno de ¢13,97 billones.
Ante la falta de alternativas locales, los administradores de los distintos fondos de pensiones recurren a las inversiones en el extranjero para ampliar la diversificación de sus portafolios.
Sin embargo, actualmente la Ley de Protección al Trabajador (7983) permite que un fondo de pensiones invierta hasta el 50% de su activo en instrumentos de emisores extranjeros, siempre y cuando el rendimiento real obtenido fuera de Costa Rica resulte igual o superior que en territorio local.
Esto, por consiguiente, limita el margen de los administradores de los fondos de pensiones para diversificar sus inversiones mediante activos internacionales.
La Supén explicó a La Nación que la ampliación del límite de inversión en el extranjero requiere una reforma a la Ley de Protección al Trabajador, por lo que cualquier modificación corresponde a la Asamblea Legislativa.
“La Supén considera conveniente abordar y valorar la necesidad de ampliar las posibilidades de diversificación internacional de las inversiones”, agregó la Oficina de Prensa de la Superintendencia.
Rendimientos del sistema de pensiones
Pese a la concentración de las inversiones en instrumentos de deuda pública, los “proveedores de pensiones” costarricenses obtuvieron en 2025 un rendimiento real neto de gastos de inversión del 11,7%, es decir, después de descontar los costos asociados a las inversiones y el efecto de la inflación. Este resultado fue el segundo más alto entre los países de la OCDE, solo superado por Polonia, que registró un 30,7%.
Al considerar el promedio de los últimos 10 años, Costa Rica ocupó el primer lugar entre los países evaluados, pues el indicador fue de 6,3% de acuerdo con el informe de la OCDE.
“La tasa de rentabilidad de las inversiones, neta de gastos, fue positiva en términos nominales en todas las jurisdicciones durante los últimos 20 años (...). Las rentabilidades fueron positivas a pesar de la volatilidad y los años de un desempeño de inversión más débil (por ejemplo, 2008 y 2022, periodos de vientos en contra en los mercados de acciones y bonos)”, señaló la OCDE.
En Costa Rica, las rentabilidades del ROP y de los demás fondos previsionales se mantuvieron al alza en 2025, aunque a un ritmo menor que el registrado en 2024, según expuso la Supén en el informe de coyuntura del sistema de pensiones nacional al tercer trimestre del 2025.
“El comportamiento que ha presentado las rentabilidades se atribuye a la combinación de diversos factores, algunos de los cuales influyen positivamente y otros negativamente en la valoración de los instrumentos financieros: como el aumento en el valor de los títulos de deuda local, el desempeño de los mercados internacionales y la apreciación del colón frente al dólar, que reduce el valor contable de los activos en moneda extranjera”, detalló la Supén.
