San José
Los dueños de las 265.216 sociedades que disolvió el Registro Nacional por estar morosas con la anterior ley del impuesto a las personas jurídicas pueden disponer de los activos por medio de un proceso de liquidación, sin problemas, pues esta entidad no ha cancelado los bienes.
Así lo aclaró Luis Gustavo Álvarez, director del Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional.
Tanto la ley anterior, la número 9024 del 2011, como la actual, la 9428, que empezó a regir el 1°. de setiembre pasado, señalan que quienes no paguen el impuesto por tres periodos consecutivos, el Registro Nacional envía el aviso de disolución al diario oficial La Gaceta, y procederá a la cancelación de la inscripción y anotación de bienes.
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Álvarez aclaró que los bienes no se cancelan, sino que se les anota la hipoteca legal o prenda legal según sea el caso.
“La cancelación de inscripción se refiere a la disolución de las sociedades, es decir, cancelar la inscripción de la sociedad como sociedad vigente, dándole el estatus de disuelta. En relación con los bienes lo que se anota es una hipoteca legal preferente o prenda preferente”, explicó Álvarez.
Añadió que es el efecto normal de gravar un bien cuando no se cancela un impuesto. “Esto mismo sucede con otros impuestos, como los municipales, que la ley le da la facultad de establecer hipoteca legal sobre ese bien para que sirva de garantía por no pago de un tributo”, agregó.
Si los bienes se cancelaran entonces los dueños no podrían disponer de ellos, pero este no es el caso aclaró Álvarez.
Con la entrada en vigencia del nuevo Impuesto a las Personas Jurídicas, el 1.° de setiembre, el Ministerio de Hacienda también habilitó un periodo de gracia de tres meses para que quienes se encuentren morosos con el tributo de la ley pasada (entre el 2012 y el 2015), puedan cancelar su deuda, sin multas ni intereses.
Disolución y liquidación
El vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, Luis Javier Porras, explicó que disolver la sociedad es como estar indocumentado.
“Es decir, no se le emitirá la personería jurídica (documento que otorga derechos y obligaciones) y sin ella es imposible hacer retiro de dinero o certificar que se es representante de la sociedad dueña de determinado vehículo o propiedad”, detalló.
Para resolver la situación, los dueños deben hacer el proceso de liquidación, en el cual los accionistas se ponen de acuerdo y nombran un “liquidador”, que se encargará de repartir los bienes según la participación o cantidad de acciones de cada uno de sus socios.
“A partir de la liquidación, la sociedad mercantil deja de existir. Hay que aclarar que la liquidación no exime el pago de los impuestos ni multas, e incluso los socios personalmente se exponen a procesos de cobro judicial”, indicó Porras.
Álvarez añadió que para quienes deben pagar el tributo, existe la posibilidad de solicitar arreglo de pago.La solicitud se presenta en la Contraloría de Servicios del Registro Nacional.
Los morosos pueden pagar por periodos o la deuda total en cualquier agencia del Banco de Costa Rica y si paga dentro del periodo de gracia, que se extiende del 1° de setiembre del 2017 al 1° de diciembre del 2017, podrá exonerarse del pago de multas e intereses.
Ley otorga tres meses a 266.000 sociedades disueltas para pagar impuesto
El 8 de setiembre pasado, en el Blog Punto Jurídico se informó de un acuerdo del Consejo Superior Notarial, el cual señala que los notarios públicos están facultados para tramitar la liquidación.
El acuerdo establece: “Para llevar a cabo liquidaciones de sociedades disueltas, de conformidad con la ley número 928, Impuesto a las Personas Jurídicas, que reforma el artículo 129 del Código Notarial, en donde se le otorga competencia material al notario público para tramitar liquidación de sociedades mercantiles, se entiende que si los socios optan por este proceso, los notarios públicos están facultados para tramitar la liquidación de sociedades mercantiles en sede notarial”, señaló la publicación.