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Una empresa decidió abandonar el régimen de zonas francas en Costa Rica al concluir que sus operaciones serían más rentables bajo el régimen ordinario aun pagando impuestos. La firma argumentó que el sistema especial le exige altos costos en alquileres y auditorías, además de que el clima de negocios nacional se ha visto afectado por presiones fiscales.
El Poder Ejecutivo aceptó la renuncia solicitada por la compañía. Se trata de Effectivesoft Costa Rica Sociedad Anónima. Se trata de una multinacional de servicios tecnológicos dedicada al desarrollo de software, soluciones de inteligencia artificial, entre otros.
‘La opción más eficiente y alineada es migrar al régimen ordinario de zonas francas’
En sus justificaciones, los representantes de la compañía sostuvieron que la estructura de costos y los requerimientos administrativos del régimen especial estatal dejaron de ser sostenibles para el mediano y largo plazo. La corporación señaló que existen factores externos que afectan su viabilidad financiera, específicamente el incremento sostenido en gastos locales como alquileres y servicios públicos.
“La opción más eficiente y alineada con la estrategia económica de la empresa es asumir el pago de los tributos correspondientes bajo el régimen ordinario, en lugar de continuar cumpliendo con las obligaciones y controles que demanda el régimen de zonas francas", señaló Effectivesoft.
En el sistema de zonas francas, las empresas se comprometen a invertir y generar empleo en Costa Rica, a cambio, quedan exentas del impuesto sobre la renta. Esa es una de las principales exoneraciones fiscales del país, equivalente a más de ¢700.000 millones anuales.
Según la compañía, el marco normativo obliga a arrendar instalaciones costosas que cumplan con requisitos estrictos de seguridad, infraestructura y espacio. Al migrar al régimen ordinario, la entidad puede alquilar espacios más reducidos y económicos, debido a que la mayoría de sus colaboradores realizan sus labores bajo la modalidad de teletrabajo.
La representación comercial también argumentó que las exigencias de inversiones mínimas en infraestructura, los reportes periódicos y las auditorías generan una carga administrativa y costos considerables. Según manifestaron, estos trámites e inversiones no se justifican frente al volumen y la naturaleza actual de sus operaciones.
“Adicionalmente, el clima de negocios nacional se ha visto afectado por presiones fiscales, ajustes en políticas tributarias y una mayor fiscalización, lo que incrementa el riesgo y la incertidumbre para las empresas acogidas al Régimen”, argumentó la empresa.
Para la estrategia del grupo, operar bajo el sistema tributario tradicional resulta más predecible y menos oneroso en términos de control operativo, a pesar de que implica asumir el pago de los impuestos correspondientes.
La Nación remitió consultas a la empresa; sin embargo, no se obtuvo respuesta al cierre de edición.
La aceptación de la renuncia quedó en firme mediante el acuerdo número ACU-RZF-0019-2026-COMEX, firmado el pasado 21 de mayo por la viceministra de la presidencia en Asuntos Administrativos, Charlyn Sánchez García (por delegación de la presidenta Laura Fernández), y la ministra de comercio exterior, Indiana Trejos Gallo.
La compañía de servicios había recibido los beneficios del régimen el 4 de setiembre del 2024. Sin embargo, remitió su dimisión formal mediante gestiones presentadas entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) verificó el cumplimiento de las obligaciones legales de la firma y recomendó aceptar la solicitud.
