Según un comunicado divulgado por la agrupación este miércoles, la gestión solicita a los magistrados del alto tribunal ordenar el ajuste automático por costo de vida para las personas pensionadas del RTR. La organización sostiene que sus ingresos han perdido poder adquisitivo durante más de cinco años debido a vacíos legales y restricciones fiscales.
¿Qué solicitan los jubilados del Magisterio con esta acción?
En concreto, la acción cuestiona los artículos 2 y 79 de la Reforma Integral del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Ley N.° 7.531), al considerar que omiten un mecanismo de revalorización por costo de vida para la mayoría de los jubilados del régimen.
“Presentamos esta acción ante la Sala Constitucional, con el debido fundamento, para exigir una sentencia que repare de inmediato una evidente discriminación”, afirmó Miguel Ángel Sobrado Chaves, presidente de AJA.
“Es inaceptable que se mantenga a dos terceras partes del régimen con sus ingresos congelados mientras el costo de vida sigue en aumento, más aún cuando la vía legislativa fue frenada tras el veto presidencial a un proyecto que buscaba dar un alivio urgente a los montos más bajos”, agregó.
Según detalla el comunicado, esta laguna legal afecta directamente a más del 65% de las personas pensionadas del RTR del Magisterio Nacional, cuyos ingresos permanecen estancados desde enero de 2021.
Los montos se mantienen congelados debido a la aplicación de la regla fiscal más restrictiva, contemplada en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley N.° 9.635), luego de que la deuda pública superara el 60% del PIB. Sin embargo, la propia legislación establece que las revalorizaciones por costo de vida de las personas jubiladas no pueden suspenderse.
La Asociación solicita a los magistrados ordenar al Ministerio de Hacienda aplicar, de forma automática y semestral, los incrementos según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a las pensiones de las leyes N.° 2.248 y 7.268, en igualdad de condiciones con el resto del régimen.
La Nación consultó a la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) su posición sobre la acción, la fecha del último ajuste y su eventual respaldo a la propuesta de modificación legal. Al cierre de edición, estaba pendiente la respuesta.
¿Por qué se interpone la acción de inconstitucionalidad?
Vulneración del principio de progresividad
De acuerdo con la Asociación, esta situación representa una violación de los principios de igualdad y no discriminación, consagrados en la Constitución Política y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de los principios de progresividad y no regresión.
Según argumenta la agrupación, el reajuste por costo de vida forma parte del derecho fundamental a la pensión. Aunque el artículo 2 de la Ley N.° 7.531 fue concebido para resguardar los derechos adquiridos de los regímenes anteriores, la norma omitió entre sus excepciones la revalorización por costo de vida, lo que, a criterio de la Asociación, generó un trato desigual.
Entre enero de 2021 y diciembre de 2025, el costo de vida acumuló un aumento del 9,04%, mientras que la inflación alcanzó hasta un 13,06% en 2022, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La Asociación sostiene que esta situación ha deteriorado la capacidad de compra de las personas adultas mayores para cubrir sus necesidades básicas.
En contraste, cerca de 16.000 personas pensionadas del RTR amparadas por la Ley N.° 7.531 sí reciben los reajustes semestrales automáticos según el IPC, como establece el artículo 79. La agrupación reconoce que ese beneficio debe mantenerse, pero cuestiona que no se aplique al resto de quienes integran el mismo régimen y son administrados por una misma institución, lo que, según sostiene, genera una diferencia de trato.
