Un grupo de inversionistas del fideicomiso Emisión, Administración y Garantía de la Emisión Privada de Deuda 2017, creado por la familia Lacayo Beeche —accionistas principales de Grupo Desyfin—, demandó al Estado y a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
“El Estado no está cumpliendo con un deber y una obligación que le compete la ley. ¿Cuál es ese deber y esa obligación? Bueno, velar por los intereses. Estamos en una situación país en donde no hay seguridad financiera”, aseguró Francisco Arias, abogado del grupo de inversionistas.
Guillermo Gutiérrez, representante del grupo de inversionistas, agregó que el Estado tiene “una responsabilidad legítima” en la debacle de la Financiera Desyfin, debido a lo que considera una falta de supervisión oportuna.
La causa se encuentra en el expediente 25-000400-1027-CA, con fecha del 20 de enero de 2025. El abogado Arias indicó que las partes ya fueron notificadas para presentar sus alegatos.
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Subrayó que el objetivo de la acción judicial es salvaguardar el patrimonio de las personas afectadas, incluidos adultos mayores. Este grupo invirtió $5,5 millones en el fideicomiso cuyo fin era captar $10 millones para comprar cartera de crédito a la financiera.
El abogado manifestó que los procesos de intervención y resolución de Desyfin afectan principalmente a los inversionistas y ahorrantes debido a una falta de vigilancia por parte de las entidades estatales.
Arias explicó que solicitaron una medida cautelar provisional urgentísima, la cual fue rechazada inicialmente por el Tribunal Contencioso. No obstante, el proceso continúa hasta que haya una resolución final para acogerla o no. Aparte se analiza el fondo de la demanda.
La petición urgente busca evitar el traslado del fideicomiso y de activos de la Arrendadora Desyfin hacia la Financiera Desyfin, que está actualmente en proceso de resolución. Los inversionistas alegan que dicho traslado les ocasionaría “graves pérdidas”.
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Sin embargo, Mariane Kött, resolutora de Financiera Desyfin, señaló que el proceso de resolución de la entidad no tiene ninguna relación con el fideicomiso, por lo que no es posible emitir una opinión sobre el tema. Añadió que tampoco han sido notificados del proceso en el Contencioso Administrativo.
Por su parte, Danilo Zamora, gerente de Cofin, afirmó que han actuado con lo establecido en el contrato del fideicomiso y en la ley durante estos años, custodiando las acciones y los libros que constituyen los activos del instrumento.
Según el representante de los inversionistas, esta situación afectó al fideicomiso, el cual es administrado por Cofin y fue creado por la familia Lacayo Beeche —socios principales de Desyfin— para obtener hasta $10 millones en financiamiento privado mediante bonos.
La Fiscalía investiga a los socios principales de la Financiera por supuestamente haber creado fideicomisos para ocultar la morosidad de Desyfin. El fideicomiso en mención es uno de los instrumentos que se habría utilizado para comprar cartera de crédito en mora de la Financiera con recursos de inversionistas, quienes dejaron de recibir sus rendimientos desde hace meses.
Federico Campos, abogado de la familia Lacayo, negó que se utilizara la fachada de la Financiera para captar dinero en el fideicomiso y afirmó que siempre se actuó bajo el marco de la legalidad y las buenas prácticas.
“En todo momento se le informó a los inversionistas la estructura de un fideicomiso privado, manejado en un fiduciario tercero inscrito ante la Sugef, en este caso Cofin, quien utiliza un instrumento comercial legítimo para obtener un financiamiento privado, constituyendo un patrimonio autónomo, bajo la fiscalización de la Sugef como entidad fiduciaria. Los inversionistas bajo su sola voluntad buscan un mejor rendimiento e invierten en el instrumento”, explicó Campos.
Nota del redactor: El artículo se actualizó a las 8:20 a. m. de este martes 25 de marzo para incluir la respuesta de Federico Campos, abogado de la familia Lacayo, recibida en horas de la mañana.
