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El Poder Ejecutivo entregó ayer a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal, su novena iniciativa relacionada con el fortalecimiento de la Hacienda Pública.
El nuevo texto pretende reducir el ritmo de crecimiento del gasto en remuneraciones y transferencias del Estado, determinando el aumento de la partida por medio de la evolución de la deuda como proporción del producto interno bruto.
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El Ministerio de Hacienda divulgó en febrero pasado un estudio donde se indica que en el país la evasión fiscal, la elusión y la mora en el pago de tributos representan un 8% de la producción del país. | ARCHIVO (albert marin)
Es decir, a medida que la deuda del Gobierno aumente con relación al PIB, la restricción en el gasto corriente será mayor.
Con el nuevo texto enviado por Hacienda y archivado bajo el expediente legislativo 19.952, el Gobierno suma nueve proyectos relacionados con el fortalecimiento de la Hacienda Pública. De ellos, solo uno (la Ley para Mejorar la Lucha contra el Contrabando) resultó aprobado.
Los otros hacen fila en la Comisión de Hacendarios y en el Plenario. En Hacendarios solo se dictaminaron el proyecto de creación de un impuesto a sociedades y la iniciativa de Caja Única del Estado. Mientras tanto, los textos de Fraude Fiscal (frenados por la propuesta de un registro de accionistas a manos del Estado), el proyecto para ordenar los regímenes de exoneración y las reformas a los impuestos de rentas y ventas, esperan un dictámen.
"Todos son complementarios, pues por un lado ayudarán a reducir el déficit en el mediano plazo y por otro, mantendrán las finanzas en una senda segura en el futuro. El éxito de esta fórmula radica en su implementación total”, resaltó el jerarca de Hacienda y vicepresidente de la República Helio Fallas.
Antes de impuestos. Mientras tanto, en la Comisión de Hacendarios fracciones como el Partido Liberación Nacional consideran "vital" anteponer la discusión del nuevo proyecto de ley antes de impuestos.
"En principio la propuesta me parece pertinente, tardía, pero atendible. (...) Lo veo como un proyecto que puede llevarse paralelamente con los relacionados con contención y reducción de gasto y lucha contra el fraude y considero que debe tramitarse antes de resolver nuevos impuestos” valora Rolando González del PLN.
Mientras tanto, Mario Redondo (que aspira a ocupar un puesto en la Comisión a partir de la próxima semana por medio del partido Alianza Demócrata Cristiana) rescata que la propuesta era esperada con avidez por los legisladores.
"Lo hemos estado esperando desde hace rato. Lo hemos esperado por meses (...) Me parece que aquí es claro que los impuestos no van a pasar antes de que dejemos claro que no vamos a dejar que los ingresos caigan en saco roto. Si no hay disposiciones que racionalicen el gasto (como este proyecto de ley o alguno similar), no se van a discutir impuestos" declaró.
Atar el gasto al crecimiento y la deuda. En concreto, la iniciativa "ata" los parámetros de gasto dependiendo de la relación entre el producto interno bruto y la deuda.
Sin embargo, se trata de una propuesta importante pero no prioritaria, según sostuvo el exministro de Hacienda, Francisco De Paula Gutiérrez, en el reciente conversatorio de La Nación Visionarios 20/20, celebrado el pasado 21 de abril. Allí, De Paula difirió con respecto a la postura mostrada hoy por los diputados.
“La regla fiscal sería lo último a lo que daría prioridad en la discusión que tenemos; hay muchas cosas sustantivas, de importancia: reducir los gastos, aumentar los ingresos... y en donde la regla fiscal es como la cereza que uno pone al pastel”, dijo el expresidente del Banco Central
El texto destaca que cuando la deuda sea menor al 30% del PIB con respecto al año anterior, el crecimiento interanual del gasto no podrá sobrepasar el promedio de crecimiento del PIB real.
Así continúa, hasta llegar a una deuda mayor a un 60% del PIB para la que se dispone que el crecimiento interanual del gasto total no podrá sobrepasar el 65% del promedio de crecimiento del PIB real.
El proyecto tendría efectos en el Sector Público No Financiero, exceptuando el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y las empresas privadas en competencia (únicamente en lo relacionado con la actividad que compite en el mercado).
