Un tercio de la deuda del Gobierno Central vencerá entre los años 2018 y 2021, según lo indica el Ministerio de Hacienda y lo consigna el investigador Miguel Gutiérrez Saxe en el estudio “La Política Fiscal en Costa Rica y sus Márgenes de Acción”.
LEA MÁS: La Política Fiscal en Costa Rica y sus Márgenes de Acción
“El Ministerio de Hacienda indica que entre 2018 y 2021 vence un tercio de la deuda, y en los próximos años vence casi toda la deuda interna, por lo que es fácil prever presiones a las tasas de interés con el consiguiente incremento del gasto por intereses en el presupuesto nacional”, señala el estudio que forma parte de otras investigaciones sobre América Latina.
Según la Comisión Económica para América Latina (Cepal) la deuda pública del Gobierno Central de nuestro país alcanzó los ¢15,5 billones (millones de millones) al cierre de septiembre de 2017 (unos $27.197 millones)y prevé que cerró el 2017 en un monto equivalente al 48% del PIB (frente al 44,7% en 2016), según un comunicado de prensa que envió este 5 de enero el Gobierno.
“El financiamiento del gobierno continúa recayendo en el mercado nacional, principalmente en clientes institucionales del sector público”, señaló el Gobierno.
Gutiérrez explicó que los datos no incluyen los $339 millones que colocó el Gobierno el 21 de diciembre pasado a un plazo de año y medio, lo cual agrava el problema pues hay una acumulación aún mayor de vencimientos en menos de dos años; una presión al servicio de la deuda y con ello un mayor estrujamiento del resto del gasto.
“En el documento se describe la estructura del gasto y lo que estruja este cambio. Es muy preocupante pues la mayor parte absoluta del gasto se va a educación, salud y servicios sociales”, comentó Gutiérrez.
Para Gutiérrez sin reforma fiscal el panorama es muy sombrío. “Ya no se puede patear la bola hacia adelante”, dijo.
Se consultó al Ministerio de Hacienda y se solicitó la información actualizada de los vencimientos, pero no fue posible obtener respuesta.
En el comunicado divulgado el viernes 5 de enero por el Gobierno, se señala que lo largo de este año, el ministro de Hacienda, Helio Fallas, ha insistido en que son insuficientes los múltiples esfuerzos realizados por esta administración para mejorar la recaudación y reducir el gasto.
Opciones
El exministro de Hacienda, Thelmo Vargas y el consultor Miguel Loría mencionaron algunas de las opciones que tendría el nuevo Gobierno para enfrentar estos vencimientos.
“Para el pago de los vencimientos, el Gobierno obtendría de la Asamblea Legislativa autorización para emitir nuevos bonos y con lo que de su venta recoja paga los vencimientos. Si el próximo gobierno logra bajar el déficit y adopta una política fiscal razonable, no tendría que elevar la tasa de interés para captar esos montos”, comentó Vargas.
Vargas añadió que hay que precisar cuánto de esa deuda la tienen entes del propio sector público, pues con ellos el gobierno puede negociar una restructuración y alargar los vencimientos.
Según los datos que publica el Banco Central, a octubre del 2017 la deuda interna bonificada del Gobierno Central era de ¢11,4 billones y de ese monto casi el 53% se le debe al sector público.
“El peor escenario sería que el déficit siga alto, se dude de la capacidad del nuevo equipo de Gobierno y que la única manera de colocar más deuda, y de recolocar la actual, sea elevando significativamente la tasa de interés que por ella se paga”, comentó Vargas.
Por su parte, el economista Miguel Loría consideró que en las actuales condiciones fiscales, y dado el poco tiempo con que se cuenta, urge aprobar una reforma tributaria que transforme el impuesto de ventas en un impuesto al valor agregado, manteniendo la tasa en 13%, pues subir la tasa implicaría mayor discusión y eventualmente el riesgo de que no se apruebe.
“Aprobar esta reforma primero, porque el tiempo es corto y el IVA es un mecanismo de recaudación relativamente rápido, siempre que se cuente con la infraestructura y capacidad técnica para cobrarlo”, comentó Loría.
Loría también considera que es una vía es renegociar tasas y plazos de la deuda actualmente en poder de las instituciones públicas nacionales.
“Esto para evitar más deuda externa a tasas altas y un estrujamiento del crédito disponible para los sectores productivos”, comentó.