El Tribunal Contencioso Administrativo frenó la asamblea de inversionistas del proyecto Monte del Barco en la cual se iba a decidir el futuro de la iniciativa turística administrada por Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión (SAFI).
La decisión se tomó por los “los posibles efectos nocivos que podrían lesionar irremediablemente los intereses de la autora (la empresa)”, se argumenta en la resolución, del pasado 24 de marzo, firmada por la jueza Yetty Hernández.
“Resulta razonable para esta Juzgadora considerar que en este asunto se configura el supuesto de extrema urgencia (...) de tal modo que lo procedente es el dictado de una medida cautelar, hasta que se posean mayores elementos de juicio para resolver definitivamente, se ordena suspender lo dispuesto por el oficio INT-ALDESA-095-2022″, se indica en el fallo judicial.
El documento al cual se refiere el fallo, del cual tiene copia La Nación, fue la convocatoria realizada por Alicio Rodríguez, interventor de Aldesa SAFI. Él convocó a los inversionistas de Monte del Barco después de dar a conocer de que la iniciativa tuvo una pérdida de $30,6 millones a raíz de fincas entregadas como pago de deudas.
El Tribunal Contencioso había acogido, el pasado 4 de marzo, de manera preliminar la petición hecha por Aldesa Corporación de Inversiones de suspender la convocatorio de los inversionistas para definir el derrotero del proyecto.
En esta nueva resolución, la funcionaria judicial dio un plazo de tres días al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), órgano al cual responde el interventor, para que brinden una respuesta sobre los cuestionamientos presentados por la empresa.
El 27 de agosto del 2021, el Conassif acordó intervenir la parte regulada del negocio de Aldesa para determinar la “eventual viabilidad financiera” de la compañía y los diferentes fondos que administra.
El Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Monte del Barco posee una concesión de los terrenos en el Golfo de Papagayo, desde 1996, y cuenta con 161 inversionistas.
La empresa solicitó, desde marzo del 2019, la intervención judicial por problemas de liquidez en la conclusión de ocho proyectos inmobiliarios privados para los cuales obtuvo recursos por $200 millones. La mayoría de la deuda es, precisamente, de la iniciativa turística.
En el plan de salvamento presentado al Juzgado Concursal, el proyecto turístico es la clave para sacar a Aldesa de sus problemas de liquidez y afrontar su endeudamiento.
