María Lucía Fernández, jerarca de la Superintendencia General de Valores (Sugeval), aseguró que respeta las indagaciones que realiza el Ministerio Público, entidad que la acusó del supuesto delito de incumplimiento de deberes por el caso Aldesa, y aseguró que brindará la colaboración necesaria en el proceso.
Sin embargo, la funcionaria defendió este miércoles su trabajo y las investigaciones realizadas por la la entidad supervisora desde que, en marzo del 2019, Aldesa informó de sus problemas de liquidez y acudió al Juzgado Concursal.
“En relación con las acciones que lleva a cabo la Fiscalía sobre el caso de la Corporación de Inversiones Aldesa, debo informar que mis actuaciones como superintendente general de Valores han estado dentro del ámbito de la legalidad”, dijo Fernández a La Nación.
La superintendente, así como cinco jefes de división de la entidad fiscalizadora, fueron acusados, en noviembre del año pasado, en la vía penal, pues los funcionarios presuntamente no hicieron el trabajo que les correspondía, así lo informó Warner Molina, fiscal general a. í., en Corte Plena, este lunes 18 de julio.
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“Encontramos elementos suficientes para determinar que la Superintendencia General de Valores no hizo el trabajo que le correspondería. Esto, empezando por la superintendente (María Lucía Fernández), hasta cinco directores de área. Por eso se les acusó de incumplimiento de deberes”, recalcó Molina, ante los magistrados.
Fernández aseguró que será en setiembre próximo, cuando se realice la audiencia preliminar del caso, que se defenderá. “Aportaré los elementos necesarios para demostrar que mis actuaciones al frente de la Sugeval han estado apegadas a lo que señala la normativa vigente”, dijo a La Nación.
El Ministerio Público denunció a los seis funcionarios de la Sugeval por el riesgo de que el supuesto incumplimiento de deberes prescribiera, pues esta falta tiene un periodo menor de caducidad legal. El Código Penal dicta que este delito ocurre cuando un funcionario público ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su cargo. La legislación establece una pena de inhabilitación de uno a cuatro años cuando se confirma dicha actuación.
Por este caso, la Procuraduría General de la República (PGR) también solicitó contra los funcionarios el pago de ¢12 millones por el daño social causado debido a la supuesta omisión de sus deberes.
Además, confirmó que las personas denunciadas fueron Isacc Castro Esquivel, quien fue intendente en la Sugeval; Luis González Aguilar, director Jurídico; Rodrigo Segura Cano, director de la División de Supervisión de Fondos y Emisores; Karla Arias Hernández, directora de la División de Supervisión de Mercados e Intermediarios; y Patricia Mata Solís, directora del Departamento de Oferta Pública.
El pasado 20 de junio, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) dispuso revocar la autorización de oferta pública del Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Monte del Barco, de Aldesa, lo cual implica un cierre de la iniciativa porque es “inviable financieramente al encontrase en quiebra técnica”
La decisión del Consejo se tomó después de la recomendación dada por el interventor, Alicio Rodríguez, quien además concluyó que el proyecto es imposible de desarrollar e incapaz de cancelar las deudas actuales con sus inversionistas y los gastos operativos. La empresa bursátil estaba bajo intervención desde agosto del 2021.
