El Ministerio Público acusó a seis jerarcas de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) por supuesto incumplimiento de deberes en su función de fiscalización en el caso Aldesa, entre los cuales se encuentra María Lucía Fernández, superintendente de Valores. La Procuraduría General de la República (PGR) también solicitó contra los funcionarios, en la vía judicial, el pago de ¢12 millones por el daño social causado por la omisión de sus deberes.
En noviembre del año pasado, la Fiscalía General de la República solicitó una apertura de juicio contra Fernández y otros directores de la Superintendencia y se espera la audiencia preliminar del caso en el Juzgado Penal de Hacienda, confirmó Warner Molina, fiscal general a.í., en sesión de Corte Plena, este lunes 18 de julio.
“El Caso Aldesa no es un solo expediente, sino que son cuatro expedientes, de los cuales tres son del área penal y uno del área civil. Una de las causas se cerró, pero la principal se abrió en el 2019, por el cual se hicieron los allanamientos y una persona está con medidas cautelares. Este proceso está en investigación y es demasiada la información que se está revisando”, explicó Molina.
El fiscal general interino agregó que se investiga a los jerarcas de la Sugeval, porque es la entidad encargada de supervisar y autorizar operaciones de los intermediarios bursátiles.
“Encontramos elementos suficientes para determinar que la Superintendencia General de Valores no hizo el trabajo que le correspondería. Esto, empezando por la superintendente (María Lucía Fernández), hasta cinco directores de área. Por eso se les acusó de incumplimiento de deberes”, recalcó Molina.
El Código Penal dicta que el incumplimiento de deberes ocurre cuando un funcionario público ilegalmente omita, rehuse hacer o retarde algún acto propio de su cargo. La legislación establece una pena de inhabilitación de uno a cuatro años cuando se confirma dicha actuación.
La PGR confirmó que las otras personas denunciadas fueron Isacc Castro Esquivel, quien fue intendente en la Sugeval; Luis González Aguilar, director Jurídico; Rodrigo Segura Cano, director de la División de Supervisión de Fondos y Emisores; Karla Arias Hernández, directora de la División de Supervisión de Mercados e Intermediarios; Patricia Mata Solís, directora del Departamento de Oferta Pública.
La Procuraduría presentó contra los seis funcionarios una querella y acción civil resarcitoria en el expediente 21-000054-0621-PE que se lleva contra ellos. A cada uno de ellos, la institución pide el pago de ¢2 millones, ¢12 millones en total, por el daño social derivado de hechos contra los deberes de la función pública.
“A esta determinación económica del daño social, deberá sumársele los intereses sobre esa cantidad, como perjuicio y por ser consecuencia del daño producido, calculados, desde el momento de realizados los hechos, hasta su efectivo pago. Además, se solicita se reconozcan las costas de este proceso atribuidas solidariamente a los demandados civiles”, subrayó la PGR por escrito.
El jefe del Ministerio Público afirmó que este caso se separó de la causa principal, porque el incumplimiento de deberes tiene un periodo de prescripción menor. “Se separó para que se fuera adelante (en el proceso) porque no podíamos esperarnos a que se procesara la evidencia del caso principal porque podía prescribir la responsabilidad de los funcionarios públicos”, afirmó.
Molina aseguró que, al presentarse la acusación, se suspendió la prescripción. Sobre la denuncia principal, en la que figura Javier Chaves como denunciado, Molina afirmó que la pesquisa va a “muy buen ritmo” y, por eso, consideró injustos los reclamos hechos contra la institución en redes sociales.
La Nación solicitó este martes una posición a Fernández y a la Sugeval, sobre la denuncia del Misterio Público, y se espera la respuesta.
El pasado 20 de junio, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) dispuso revocar la autorización de oferta pública del Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Monte del Barco, de Aldesa, lo cual implica un cierre de la iniciativa porque es “inviable financieramente al encontrase en quiebra técnica”
La decisión del Consejo se tomó después de la recomendación dada por el interventor Alicio Rodríguez, quien además concluyó que el proyecto es imposible desarrollar e incapaz de cancelar las deudas actuales con sus inversionistas y los gastos operativos. La empresa bursátil estaba bajo intervención desde agosto del 2021.
Aldesa solicitó, desde marzo del 2019, la intervención judicial por problemas de liquidez en la conclusión de ocho proyectos inmobiliarios privados para los cuales obtuvo recursos por $200 millones, de un grupo de casi 600 inversionistas. La mayoría de la deuda es precisamente por Monte del Barco. El proceso tramitado en el Juzgado Concursal posteriormente se trasformó en un Convenio Preventivo de Acreedores.
