El año fiscal cerró y los últimos días de setiembre dejaron como legado la aprobación de la denominada “Ley Lázaro”, que permitirá revivir las sociedades disueltas y cuya inscripción fue cancelada por adeudar tres períodos del impuesto a las personas jurídicas.
Esta ley permitirá que las sociedades que se habían extinguido cancelen los impuestos adeudados correspondientes a los años 2012 al 2015, pago que deberá realizarse a más tardar el 15 de diciembre de este año.
Una vez cumplida esa obligación, las sociedades podrán presentar ante el Registro una solicitud de cese de su disolución, lo cual conllevará que recuperen la misma situación y condición jurídica en que se encontraban antes de ser disueltas, con los efectos retroactivos que ello conlleva. La solicitud para “resucitar” esas sociedades debe presentarse a más tardar el 15 de enero del año 2018, junto con la comprobación de haberse cancelado los montos adeudados.
La solicitud de cese de disolución debe realizarse a instancia de los socios que ostenten al menos el 51% de las acciones, cuotas o participaciones societarias, según el tipo de sociedad de que se trate. Esos socios deberán comparecer en escritura pública, previa publicación de un edicto en el diario oficial La Gaceta por cuenta de los solicitantes. La gestión será sometida a calificación registral y en caso de aceptarse, cesará el estado de disolución de la empresa y se procederá a restablecer su inscripción registral, con lo cual recuperaría su personalidad jurídica para todos los efectos legales.
Esta es una oportunidad única para revivir esas sociedades y tiene una vigencia temporal limitada. Las sociedades que no aprovechen esta coyuntura, quedaran disueltas irremediablemente y no quedará otro camino que liquidarlas; para lo cual se aprobó también una ley que permitirá asentar las actas de liquidación en escritura pública, si es que la sociedad carece de libros legales.
Cabe sin duda un reconocimiento al diputado Gerardo Vargas Rojas, quien fue el gestor de ambas leyes y las promovió intensamente, logrando consenso entre todos los sectores involucrados, hasta su aprobación. Ambas regulaciones entrarán en vigencia una vez sean publicadas en el diario oficial.
