La intervención de Aldesa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) llegó a su final, el pasado 26 de agosto, con el cierre de todos los negocios bursátiles de la empresa por parte del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
El Conassif informó, en un comunicado de prensa, este 31 de agosto, de que durante el proceso de un año cumplieron con todos los objetivos ordenados a Alicio Rodríguez, interventor de Aldesa, sobre la empresa y los fondos de inversión administrados. El mandato inicial era determinar la eventual viabilidad financiera de la compañía.
El principal hito de la intervención fue la liquidación del Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Monte del Barco el cual se declaró en quiebra técnica desde mediados de año.
“Se revocó su autorización de oferta pública y se desinscribió en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, así como la remisión de lo concerniente al Juzgado Concursal para que inicie el proceso legal correspondiente”, se detalló en la información difundida por el Consejo.
LEA MÁS: ¿Qué es Aldesa y cómo terminó en la quiebra?
También se revocó la autorización para operar de Aldesa SAFI. En el caso de Fondo de Inversión Inmobiliaria de Renta y Plusvalía No Diversificado su administración se trasladó a BCR SAFI, por un plazo de 18 meses, como medida de protección de los inversionistas.
Adicionalmente, el Conassif y la Superintendencia General de Valores (Sugeval) detallaron que solicitaron al Juzgado Concursal quitar los poderes legales de los propietarios de Aldesa.
LEA MÁS: Aldesa: ¿Qué condujo a su liquidación?
Aldesa SAFI contaba con autorización para operar en el mercado de valores nacional desde setiembre de 1992. Mientras que el fondo de Monte del Barco la obtuvo en febrero del 2008.
El pasado 22 de julio, el Juzgado Concursal ordenó el inicio de la fase de liquidación de Aldesa dado que la compañía es incapaz de pagar sus deudas por $200 millones a sus acreedores.
Javier Chaves, presidente de Aldesa solicitó, desde marzo del 2019, la intervención judicial por problemas de liquidez para la conclusión de ocho proyectos inmobiliarios privados donde se obtuvo recursos de un grupo de casi 600 inversionistas. La mayoría de la deuda es, precisamente, de Monte del Barco.
