Dos leyes recientes en materia fiscal obligan a buses, taxis y tren a aceptar pagos electrónicos y, de no hacerlo, se exponen a una multa de ¢446.200; sin embargo, la Dirección General de Tributación les dará tiempo para que implementen los sistemas necesarios para digitalizar las transacciones.
La Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, publicada en La Gaceta el martes 20 de diciembre del 2016, estableció, en su artículo 4, que todas las personas que presten servicios deben aceptar medios electrónicos de pagos.
“Todas las personas, físicas o jurídicas, con actividad lucrativa que presten sus servicios al público están obligadas a aceptar, como medio de pago alternativo, las tarjetas de crédito o débito, así como cualquier otro mecanismo electrónico o no, en donde exista una institución financiera que le garantice al comerciante la acreditación del dinero a su favor”, señala el artículo 4 de La Ley.
Carlos Vargas, director general de Tributación, explicó que la norma es abierta y al hablar de otros medios electrónicos se habilita la posibilidad de opciones, como por ejemplo, las transferencias electrónicas y Sinpe Móvil, donde el pago se realiza de celular a celular.
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La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, publicada el 4 de diciembre del 2018, por su parte, definió en el artículo 85 bis del título I que quien incumpla con esta disposición afronta una multa equivalente a un salario base, que actualmente son ¢446.200.
Estas disposiciones son para todos los que ofrecen servicios, incluido el transporte público.
“Tratándose del transporte remunerado de personas requiere de la elaboración de los mecanismos adecuados para garantizar el pago por parte de las autoridades competentes, por lo que sería hasta el momento en que ello esté en funcionamiento que la Administración Tributaria estará en condiciones de imponer sanciones por el incumplimiento de esta norma”, explicó Vargas.
Vargas no detalló una fecha. Carlos Melegatti, director de la División de Sistemas de Pago del Banco Central de Costa Rica, quien labora en el sistema de pago electrónico para el transporte público, explicó que esperan iniciar a finales del 2020, con el Instituto Costarricense de Ferrocarriles.
Proceso de años
En Costa Rica, se ha tratado, en los últimos cinco años, de implementar el pago electrónico en el transporte público.
En enero del 2014, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y el Banco Central de Costa Rica, firmaron un convenio para avanzar en el desarrollo e implementación de un sistema de pago electrónico en el transporte público.
Mediante este convenio las tres instituciones se comprometieron a dar apoyo logístico y asesoría en las fases de diagnóstico, diseño, construcción e implementación del sistema de pago electrónico.
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En enero del 2018 se firmó otro Convenio entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Consejo de Transporte Público, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, el Banco Central y representantes de cámaras de transportistas sobre el diseño general de este sistema para el Diseño y Construcción del Sistema de Pago Electrónico en el Transporte Público.
Melegatti comentó que hasta el año pasado se tuvo el presupuesto para contratar los equipos técnicos y formalizar el proyecto.
En este momento, añadió, se está trabajando con las autoridades, en el levantamiento de requerimientos del sistema, que incluye necesidades de usuarios, de las empresas y de las autoridades, para empezar la adquisición de algunas partes y la construcción de otras.
El pago electrónico tiene varias ventajas: elimina el efectivo, lo cual desestimula los asaltos a buses y la propagación de enfermedades, la entrada de usuarios se agilizaría y se generaría información importante tanto para el Ministerio de Hacienda, para la recaudación de impuestos, como para la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), para la definición de tarifas.
Taxistas y autobuseros se preparan
Consultados sobre esta obligación legal, Rubén Vargas, secretario general de la Unión de Taxistas Costarricenses, comentó que saben que deben modernizar el cobro y que algunos taxistas ya están aplicando el cobro con tarjeta, aunque les resultan caras las comisiones.
Añadió que están trabajando para participar en una plataforma multiservicios, que incluiría la posibilidad para las personas de solicitar también un taxi y mediante la cual se podría pagar con cualquier mecanismo electrónico.
Por su parte, Silvia Bolaños, presidenta de la Cámara Nacional de Transportes, el cual agrupa a los autobuseros, explicó que el sector está en total disposición de avanzar hacia el pago electrónico y que como actividad regulada, las autoridades establecieron que el mecanismo para su aplicación del mismo es el que desarrolla el Banco Central.
"Coincidimos con Tributación en el entendido de que la disposición legal establece dicha obligatoriedad, pero que esta obligatoriedad también queda sujeta a la disposición del sistema", añadió.
Explicó que una vez que el sistema esté listo tendrían que incluir en la tarifa establecida la comisión por aceptar pagos con tarjeta.