Durante su presentación a los diputados, el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, explicó que el endeudamiento público continuará al alza en los próximos años, y según el escenario base que mostró, llegaría al 62,61% de la producción en el 2020 y continuaría creciendo hasta llegar a 72,30% en el 2024.

Según el plan para ayudar a frenar este crecimiento, 10 instituciones aportarían parte de su superávit y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) trasladría al Ministerio de Hacienda ¢9.500 millones, utilizando el dinero resultante de la liquidación total de la Sociedad Reconstructora Chino Costarricense (Soresco).

Consultada sobre este tema, Recope informó de que no han recibido comunicación oficial, por lo que no se referirán.

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Esta medida forma parte de un plan para consolidar las finanzas públicas presentado por el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, el 10 de febrero pasado para bajar el endeudamiento del Gobierno Central, el cual alcanzará este año el 60% de la producción, lo cual implicará limitar las inversiones y congelar los salarios del sector público no financiero.

Entidades que cuestionan el plan

Una de las entidades que adversa el plan es la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), la cual alega que la donación de su superávit y el del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) afectaría a los usuarios, tanto en el precio como en los servicios que reciben.

Según el plan “Pagar”, Sutel aportaría ¢5.669 millones de su superávit y Fonatel, el mayor monto, ¢40.000 millones.

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Federico Chacón, presidente del Consejo de Sutel, explicó que la superintendencia se financia con el canon que pagan todos los operadores y proveedores de servicios de Telecomunicaciones.

“Si este canon se utiliza para otros fines, como el pago de deuda pública, las empresas de telecomunicaciones tendrían que, por medio del canon, reponer esos recursos nuevamente a Sutel, para financiar los compromisos y proyectos ya establecidos. Esto podría incrementar los precios de los servicios de telecomunicaciones y afectar de manera directa a los usuarios”, comentó Chacón.

Añadió que Sutel no fue consultada sobre el proyecto de ley y la información utilizada del superávit no es correcta. El superávit específico acumulado de Sutel, al cierre del 2019, según Chacón, pendiente de asignar, es de ¢2.989 millones.

Sobre la utilización de recursos de Fonatel, Chacón comentó que la Ley General de Telecomunicaciones es clara en que estos recursos son para reducir la brecha digital en Costa Rica, brindando servicio de telecomunicaciones a personas con necesidades sociales especiales como: albergues de menores, adultos mayores, personas con discapacidad, población indígena, escuelas y colegios públicos, así como centros de salud públicos; que necesitan servicios de Internet y telefonía.

“En otras palabras, se estaría quitando dinero presupuestado para las poblaciones vulnerables que, de otra manera, no tendrían acceso a conectividad y recursos tecnológicos que les permita potenciar su desarrollo económico y social”, añadió Chacón.

La Cámara de Infocomunicación y Tecnología también llamó la atención en que la Ley General de Telecomunicaciones y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, que dio paso a la apertura del sector, establece que los recursos de Fonatel no se pueden emplear para fines distintos a los previstos, y en ningún caso, para atención de fines fiscales.

Otra entidad que ha expresado dudas es el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Mediante un comunicado explicó que contribuirá con ¢14.000 millones y no con los ¢25.804 millones que proponía el proyecto.

“Si bien el proyecto Reforma a la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos para frenar el crecimiento de la deuda estatal, presentado este lunes (10 de febrero) por el Ejecutivo en la Asamblea Legislativa, consigna un monto distinto, el ICT reitera que la suma acordada con el Gobierno es de ¢14.000 millones; el monto será modificado vía moción”, señaló la entidad.

En total, son unos ¢57.000 millones los que se cuestionan, que constituye casi la cuarta parte de los ¢226.000 millones.

Resto de entidades

Hay tres entidades que analizan el proyecto y todavía no han emitido un criterio oficial. Ellas son: la Junta de Protección Social (JPS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Consejo de Salud Ocupacional (CSO).

“La Junta Directiva de la institución estudia el proyecto como es su responsabilidad, pero, tenemos claridad de la necesidad que tiene Costa Rica de atender el problema fiscal debido a que es asunto de interés nacional, cuya atención requiere del esfuerzo de todos y todas para el bien común”, respondió la Junta por medio de prensa.

La JPS tenía previsto utilizar ¢30.000 millones de ese superávit para la adquisición de una nueva sede.

“La JPS está en estudio de diferentes opciones que se le han planteado para avanzar con el proyecto que nos permita contar con una nueva sede. Hay reuniones en los próximos días con Mideplan, Ministerio de Hacienda y otras entidades para las respectivas valoraciones", explicó la presidenta de la institución, Esmeralda Britton.

El INA, por su parte, explicó que la Junta Directiva, compuesta por el sector empresarial, social y gubernamental, conoce sobre el proyecto de Ley, sin embargo aún no ha emitido un pronunciamiento conjunto oficial al respecto.

“Los fondos en superávit del INA, a los cuales hace referencia el proyecto de ley obedecen a iniciativas de infraestructura que están en fase de anteproyecto o que aún están en proceso de aprobación en Mideplan (Ministerio de Planificación) o que no han iniciado un proceso de contratación”, detalló la entidad.

El Consejo de Salud Ocupacional respondió, también por medio de prensa, que el Consejo no ha entrado a analizar la iniciativa en el seno de la junta directiva.

“En el momento en que la Asamblea Legislativa requiera el criterio de dicho órgano, el tema sería llevado a la instancia colegiada para poder emitir el criterio formal para atender la eventual consulta. No obstante, eso no restringe la posibilidad de que el CSO valore la necesidad de abrir el debate sobre la propuesta, previamente”, indicó.

Por otro lado, hay cinco entidades que no tienen objeción a la donación que son: el Registro Nacional, la Imprenta Nacional, el Instituto de Desarrollo Rural, la Cooperación Internacional de la Salud y el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico.

“De conformidad con la Ley No. 9524, Ley de Fortalecimiento del Control Presupuestario de los Órganos Desconcentrados de Gobierno Central, a partir del año 2021, el superávit del Registro Nacional pasará a ser parte de la caja única del Estado y del presupuesto nacional, razón por la cual, con el proyecto de ley mencionado, lo que se da es un adelanto en el tiempo del traslado de fondos”, explicó el Registro Nacional por medio de prensa.

La Imprenta Nacional, respondió, por su parte, que los jerarcas del Ministerio de Gobernación y Policía, así como la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional no tienen objeción en el uso del superávit de la institución.

“Desde el Inder consideramos que este es un tema prioritario para el país y que el instituto puede contribuir a frenar el crecimiento de la deuda estatal. La decisión fue discutida en una reunión interna de sensibilización respecto a la situación por la que atraviesa Costa Rica y tanto la administración superior, como representantes de los trabajadores de la institución, llegaron al acuerdo de la importancia que implica el aporte que pueda hacer el Inder en este momento”, señaló la entidad.

El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, por su parte, respondió que la institución ya fue consultada y ya se rebajó el monto a transferir.