Después de un año, un mes y una semana, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) oficializó este viernes el fin del proceso de resolución de Coopeservidores. La entidad fue intervenida el 13 de mayo de 2024 y deja a miles de personas afectadas.
Marco Hernández Ávila, administrador del proceso de resolución, indicó este viernes en conferencia de prensa, que el denominado “banco malo” de la cooperativa tiene un valor en libros de ¢266.493 millones. La entidad residual está conformada por cartera de crédito, propiedades, mobiliario y equipo.
El proceso de resolución finaliza de manera formal este sábado 21 de julio.
Hernández calficó al “banco malo” como una entidad residual, equivalente al 36% de los activos que quedaron después de la colocación del llamado “banco bueno” al Banco Popular (BP).
El resolutor indicó que durante el proceso se realizó una transacción de ¢403.000 millones con el BP, entidad a la que se trasladó el 64% de los activos de la cooperativa, principalmente cartera de crédito.
El BP además pagó el 100% de los depósitos garantizados y canceló el 50,68% de los depósitos no garantizados (superiores a ¢6 millones).
Unos 5.111 ahorrantes no garantizados —entre personas físicas y asociaciones solidaristas— resultaron los principales perjudicados con la recuperación parcial de su dinero.
Estos clientes no recuperaron ¢158.130 millones, es decir, el 49,32% del monto no garantizado.
La cifra total de afectados por Coopeservidores es mayor si se considera que entre los inversionistas hay unas 200 solidaristas, con alrededor de 140.000 personas afiliadas.
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Yin Leng Hong Monteverde, presidenta del Conassif, subrayó que, en un plazo menor de cinco meses, a más de 160.000 depositantes de la cooperativa, con recursos de hasta ¢6 millones, se les canceló el 100% de los recursos. Este grupo de personas representaba el 97% de los clientes.
Por otro lado, Hernández señaló que, mientras se creaba fideicomiso para administrar el “banco malo”, la administración de la resolución recuperó ¢33.565 millones adicionales, a mayo pasado, mediante la recuperación de la cartera crediticia, venta de propiedades y de vehículos.
Además, una venta adicional de cartera crediticia al BP, generó ¢24.957 millones, para totalizar ¢58.522 millones. Hernández precisó que se efectuaron reservas para pasivos laborales por ¢2.361 millones en caso de que sean requeridos en el proceso concursal.
El proceso concursal
Ahora, lo que sigue es la solicitud de la quiebra de la cooperativa en un proceso concursal con los activos residuales de la entidad, luego de un año de resolución y un periodo adicional de intervención.
El 13 de junio anterior, el Conassif aprobó la creación del fideicomiso que gestionará el denominado “banco malo”.
El fiduciario será Banco Improsa. Su objetivo será gestionar y recuperar préstamos, así como administrar y eventualmente vender otros activos, en beneficio de las personas afectadas por la debacle de la cooperativa.
El escrito concursal fue presentado ante el Juzgado el 18 de junio bajo el expediente 25-001127-0958-CI. Este oficio incluye la lista de acreedores con sus saldos al 31 de marzo de 2025.
Hernández aseguró que el fideicomiso se ajustará a la Ley N.º 1644, Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional y la Ley N.º 9957, Ley Concursal.
Explicó que la Junta Liquidadora, asumirá como una Junta Directiva que responderá a la autoridad judicial, pero tendrá que utilizar una instancia administradora para la recuperación de todos los activos, en este caso será el fideicomiso.
“La Junta Liquidadora no es capaz por sí misma de ejecutar todas las operaciones de recuperación que se requiere. Habrá que hacer una gestión importante, sobre todo de la cartera crediticia, y eso lo tendrá que hacer una administración, y en este caso hemos considerado que un fiduciario especializado, como lo es un banco, puede generar mayor valor agregado”, respondió Hernández.
