Las asociaciones solidaristas están entre los depositantes más afectados por el descalabro de Coopeservidores, ya que la mayoría de los recursos invertidos no están garantizados debido a que superan el monto de ¢6 millones que cubre el acuerdo de absorción con el Banco Popular.
Según las estimaciones de la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas (Conasol) y el Movimiento Solidarista Costarricense (MSC), 200 organizaciones invirtieron $125 millones, de los cuales la recuperación de $65 millones aún está rodeada de incertidumbre.
De hecho, hay un grupo de 27 solidaristas que están entre los 100 mayores inversionistas. Al 31 de mayo, reportaron un saldo en depósitos a plazo de ¢34.874 millones ($66,4 millones al tipo de cambio de este jueves 1. ° de agosto), es decir, un promedio de ¢1.292 millones ($2,4 millones) cada una.
Así se desprende del acta completa del Informe Final del Proceso de Intervención, a la cual tuvo acceso La Nación, y cuya información no fue publicada en su totalidad en La Gaceta N° 118, el 26 de junio, por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
Consultado por este diario, Marco Hernández, resolutor de Coopeservidores y previamente interventor, confirmó la participación de las 27 organizaciones entre los mayores depositantes de la cooperativa con recursos no respaldados.
“Las asociaciones solidaristas tienen montos importantes. El pasivo garantizado es hasta ¢6 millones y con exceso no garantizado hay varias de las asociaciones solidaristas con montos más importantes”, expresó Hernández.
Johnny Corrales, vocero del Comité de Acción del Caso Coopeservidores de las Asociaciones Solidaristas, y Guido Alberto Monge, vicepresidente ejecutivo del Movimiento Solidarista Costarricense, corroboraron que el sector es uno de los más expuestos, pese a la decisión del Banco Popular (BP) de absorber el 80,5% del denominado “banco bueno” de la cooperativa.
“Hay asociaciones de grandes empresas que tienen invertidos (en Coopeservidores) montos que rondan los ¢2.000 millones, que para algunas puede representar de un 3% o un 4% de la cartera de inversiones, el cual puede ser asumido con los excedentes del año”, dijo Corrales.
“Las asociaciones solidaristas tienen montos importantes. El pasivo garantizado es hasta ¢6 millones y con exceso no garantizado hay varias de las asociaciones solidaristas con montos más importantes”.
— Marco Hernández, resolutor de Coopeservidores
Sin embargo, agregó que hay otras que tienen menos recursos en depósitos, pero que el monto puede significar un porcentaje mucho mayor del total invertido, incluso mencionó un caso en el cual representa el 25%.
No solo hay grandes inversiones involucradas en este caso. En mayo, La Nación publicó que la Asociación Solidarista de Emerson (Asoemerson) informó a sus miembros de que mantiene un certificado por ¢90 millones, lo cual corresponde al 2,15% de su cartera de inversiones, y vence en marzo del 2025.
La Asociación Solidarista de Empleados de CM Barre Precios S. A. y Afines (Asemex) también mantiene una inversión de ¢200 millones en dos certificados de depósito a plazo (CDP), cada uno por ¢100 millones, según reconoció uno de los administradores a La Nación.
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Miles descubiertos
El Consejo aprobó de forma unánime, este 31 de julio, la oferta del Banco Popular (BP), lo cual implica que la institución pública recibirá en activos y pasivos ¢411.000 millones de la cooperativa.
Tal situación implica que los clientes con inversiones de hasta ¢6 millones reciban el 100% de sus recursos. Ellos representan el 97% del total de depositantes; solo el 3% debe esperar el desenlace de la parte no recibida por el BP y el “banco malo”.
Adicionalmente, el acuerdo con el banco público permitirá que los clientes con ahorros por encima de los ¢6 millones recuperen, en el corto plazo, un porcentaje cercano al 50% de sus recursos.
“Hay asociaciones de grandes empresas que tienen invertidos montos que rondan los ¢2.000 millones que para algunas puede representar de un 3% o un 4% de la cartera de inversiones”.
— Johnny Corrales, vocero del Comité de Acción del Caso Coopeservidores de las Asociaciones Solidaristas
Monge criticó que desde el Conassif se minimice que solo el 3% de los depositantes tienen recursos sin garantizar, pues en ese porcentaje de inversionistas están las asociaciones solidaristas con 140.000 personas.
“Claro que tenemos una afectación importante. Habrá algunas asociaciones que este año le dirán a sus asociados que no tendrán excedentes, pero otras podrían llegar a tocar capital”, subrayó representante del sector.
Pese a ello, Monge sí reconoció un avance en la decisión del BP de dejarse una porción de la cooperativa, pues reduce la incertidumbre inicial. “Peor hubiera sido irnos a un proceso concursal, tardar 10 años y no recuperar el dinero”, apuntó.
El Conassif ordenó, el 13 de mayo, intervenir la cooperativa a raíz de irregularidades detectadas en la administración en el otorgamiento de préstamos, falta de cobro a los deudores y supuesta alteración de datos financieros. La decisión se tomó con base en dos informes de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Posteriormente, la organización cooperativa fue declarada inviable, el 21 de junio, y el Consejo dio un máximo de dos meses a los encargados del proceso de resolución para finiquitar la negociación del traslado de los activos en buenas condiciones, así como todos los depósitos garantizados hasta por ¢6 millones, a una entidad financiera solvente.
El declive de la cooperativa comenzó después de que fuera obligada por la Sugef a hacer un ajuste en el resultado del 2023, en marzo. La entidad reflejó una pérdida de ¢26.975 millones, en vez de la ganancia de ¢3.288 millones reportada inicialmente, tal como informó La Nación, en marzo.
$65 millones aún descubiertos
Johnny Corrales, vocero del Comité de Acción del Caso Coopeservidores, afirmó que el sector tenía invertidos $125 millones en la organización, de los cuales alrededor de $60 millones se lograrían recuperar mediante la absorción anunciada por el BP.
Sin embargo, aún quedan descubiertos unos $65 millones, de los cuales una parte son del 20% del “banco bueno” no recibido por el Popular, y otra del “banco malo” que irían al fideicomiso, según los cálculos del sector.
“Solo para tener una idea de lo que representa Coopeservidores. Por el caso Aldesa, las solidaritas tuvieron un efecto negativo de $20 millones y en este momento tenemos expuestos $50 millones”, aseguró Corrales.
Tanto él como Guido Monge defendieron la debida diligencia efectuada por las asociaciones en sus inversiones en la cooperativa, pues Fitch Ratings mantenía una buena calificación a la entidad y la asesoría de los puestos de bolsa tampoco mostraba nada anómalo.
“Las inversiones se hicieron porque había confianza de que las instituciones fiscalizadoras hacían su trabajo. Se hizo la buena diligencia, pero si hasta bancos invirtieron en Coopeservidores es porque no había ninguna indicación de que no se debía hacer”, subrayó Monge.
Ambos coincidieron en que las asociaciones deberán efectuar cambios en las políticas de gobierno por lo ocurrido, pero insistieron en que no hubo señales previas. Conasol y el Movimiento Solidarista aglutinan a 600 organizaciones de un total de 1.400 en el país.
