La Procuraduría General de la República (PGR) advirtió que eliminar el pago en efectivo en el transporte público y sustituirlo por el pago electrónico podría restringir el acceso al servicio para personas en condición de vulnerabilidad que no están incorporadas al sistema bancario.
El órgano procurador se pronunció, el 23 de julio pasado, mediante el oficio PGR-OJ-116-2025, en respuesta a una consulta enviada el 27 de febrero por la jefa del área de Comisiones Legislativas del Congreso, Nancy Patricia Vílchez.
Dicha solicitud, enviada bajo el oficio AL-CPOECO-0933-2025, pedía un criterio sobre el expediente 24.580, que se discute en la Comisión de Asuntos Económicos y plantea reformar la Ley Orgánica del Banco Central para eliminar el uso de billetes y monedas en los autobuses de ruta regular.
El proyecto plantea sustituir por completo el uso de efectivo por medios de pago electrónicos, salvo en situaciones excepcionales, como emergencias nacionales o cuando el sistema presente fallos que imposibiliten su funcionamiento de manera temporal.
Ante este panorama, la Procuraduría indicó que, si bien la aprobación de la iniciativa legislativa recae dentro del ámbito discrecional del legislador, es necesario analizar cómo mitigar el riesgo que enfrentarían las personas que no están incorporadas al sistema bancario.
“Podría plantearse un debate sobre el derecho de los ciudadanos al libre acceso a los servicios públicos si el único método de pago fuera electrónico, especialmente para poblaciones sin acceso a la banca formal o con dificultades para el uso de tecnologías”, explicó la procuradora Silvia Patiño en su informe.
Según el análisis de Patiño, este debate podría ser llevado ante la Sala Constitucional, instancia que deberá determinar, de forma definitiva, si existe o no una violación a los derechos fundamentales al excluir el acceso de estas personas al servicio de transporte público.
Además, la procuradora advirtió que la implementación exitosa de la iniciativa dependerá de la disponibilidad y solidez de la infraestructura tecnológica para los pagos electrónicos en todo el país, incluyendo las zonas rurales, lo cual obliga a las autoridades a evaluar las condiciones de equidad.
“Aunque la propuesta se justifica en la modernización del sistema de pago, podría generar exclusión en sectores de la población que no tienen acceso a la banca formal o a medios tecnológicos, lo que plantea un posible conflicto con el derecho al acceso equitativo a los servicios públicos”, agregó la procuradora.
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Sobre la regulación actual y la propuesta legislativa
La Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, en su artículo 46, establece que los billetes y monedas emitidos por el Banco Central, es decir, los colones oficiales, tienen “poder liberatorio ilimitado”.
Esto quiere decir que nadie en Costa Rica puede negarse legalmente a aceptar colones en efectivo (billetes o monedas) para pagar cualquier tipo de deuda, compra u obligación económica, sin importar el monto.
La reforma propuesta pretende adicionar una excepción a la regla general y establecer que el pago de la tarifa del servicio público de transporte remunerado de personas, modalidad autobús de ruta regular se realice únicamente mediante medios de cobro y pago electrónicos.
“Artículo 46- Poder del efectivo
Los billetes y las monedas emitidos por el Banco Central de Costa Rica tienen poder liberatorio ilimitado en el territorio de la República y sirven para liquidar toda clase de obligaciones pecuniarias.
Se exceptúa de lo anterior el pago de la tarifa del servicio público de transporte remunerado de personas modalidad autobús de ruta regular, en el cual se deberá eliminar el uso de billetes y monedas con el propósito de adoptar únicamente medios de cobro y pago electrónicos, salvo en situaciones de emergencia nacional o cuando el sistema presente desperfectos o fallas que impidan temporalmente su funcionamiento, de tal forma que se amerite la recepción y el pago de dinero en efectivo."
— Propuesta de modificación del artículo 46 de la Ley Orgánica del Banco Central.
De acuerdo con la exposición de motivos del expediente legislativo, la propuesta busca mejorar la eficiencia y reducir costos, así como reforzar la seguridad, la higiene, la salud pública, la modernización, la transparencia, la inclusión financiera y la agilidad del servicio.
Asimismo, la implementación del pago electrónico sería gradual. En la Gran Área Metropolitana (GAM) se otorgará un plazo máximo de tres años para eliminar el uso de efectivo, y fuera de esta región, el plazo será de hasta cinco años, contados a partir de la entrada en vigencia de la ley.
