Las finanzas del Gobierno Central registraron, en un plazo de solo cuatro años, dos caras antagónicas: pasaron de recibir un reconocimiento internacional por la administración hacendaria, el crecimiento y la estabilidad en la economía, a verse sometidas a millonarios recortes presupuestarios para evitar un empeoramiento de los resultados fiscales.
¿Cómo llegó Costa Rica a la situación actual? La razón no es una sola, sino la mezcla de varios factores económicos, decisiones gubernamentales y de política monetaria. A esto se suma la decisión de ejecutar las reducciones presupuestarias con un objetivo político, según señalaron especialistas consultados por La Nación.
Las finanzas gubernamentales mostraron un proceso de recuperación tras la aprobación de la reforma fiscal del 2018, la cual generó nuevos ingresos tributarios e implementó la regla fiscal como medida de contención del gasto público.
Para el 2022, primer año de la administración de Rodrigo Chaves, el gobierno finalizó con un superávit primario (ingresos menos gastos, sin tomar en cuenta el pago de la deuda) equivalente al 2,2% del producto interno bruto (PIB) y un déficit financiero del 2% de la producción; un año antes fue de 4,1% del PIB.
Para agosto de este año y bajo el mandato de Laura Fernández, el superávit primario fue del 0,8% de la producción y el déficit fiscal de 2,3% del PIB, según el Ministerio de Hacienda.
El segundo presupuesto extraordinario planteado por el gobierno para este año pretende reducir ¢167.000 millones del gasto, ante una disminución de casi ¢400.000 millones en los ingresos tributarios inicialmente proyectados.
En setiembre pasado, en la presentación del Presupuesto Nacional del 2027, Chaves manifestó que a partir del 2022, cuando inició su gobierno, se hicieron sacrificios que redujeron la deuda. “Por años era muy fácil, gaste hoy me voy, luego pague alguien más”, afirmó.
A continuación, las señales del deterioro financiero:
Baja en los ingresos tributarios
Una de las principales razones que explica la tijera presupuestaria es la disminución en los ingresos tributarios.
La recaudación de impuestos pasó de ¢4,32 billones en los primeros ocho meses del 2025 a ¢4,29 billones en igual lapso del 2026. En el caso del impuesto sobre el valor agregado (IVA), los ingresos disminuyeron en ¢50.878 millones, al pasar de ¢1,65 billones a ¢1,6 billones.
“Esta caída podría estar explicada, entre otras razones, por la apreciación del colón que reduce el valor en moneda nacional de las importaciones gravadas y la desaceleración del consumo de los hogares en los primeros dos trimestres de este año”, comentó Roxana Morales, economista de la Universidad Nacional (UNA).
Morales también atribuyó el resultado a la baja en los ingresos por los impuestos selectivo de consumo y sobre la propiedad de vehículos.
Elian Villegas, exministro de Hacienda, resaltó que la erosión en las finanzas públicas empezó a partir del 2023 principalmente por una caída de los ingresos: de cerca del 16% del PIB en 2022 a 14,4% en 2025. Además, se suma en 2026 un mayor gasto público.
“En el fondo es un tema de mala administración donde el principal tema fue que no se defendió la base tributaria”, aseguró Villegas.
Tipo de cambio, inflación y desaceleración
La apreciación del colón frente al dólar cumplió en 2026 cuatro años consecutivos y tiene un doble impacto en las finanzas del Gobierno.
Del lado de los ingresos, la recaudación puede disminuir en los tributos aduaneros y de renta. Mientras que el gasto se reduce por el menor costo del servicio de la deuda en dólares.
Morales también apuntó la inflación baja o negativa de los últimos años porque cuando los precios aumentan poco, el valor nominal de las ventas y del consumo crece menos, lo que puede limitar el crecimiento de la recaudación del IVA y otros impuestos.
En el caso de la actividad económica, esta muestra un proceso de fuerte desaceleración, desde mediados del año pasado, y con mayor intensidad en las zonas francas.
Para el economista Daniel Ortiz, la situación fiscal se ha deteriorado por la caída del tipo de cambio, la inflación y la desaceleración económica.
“Los recortes son muy fuertes y aún no hay claridad de cuánto pueden rendir los proyectos fiscales presentados. Entonces, uno tiene dudas de los recortes si hay millones en caja”, afirmó Ortiz en referencia a los más de ¢1,7 billones de depósitos de Hacienda que hay en cuentas del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Decisiones políticas
El economista José Luis Arce explicó que los gobiernos suelen presentar cada año un presupuesto inicial austero, pero que este luego sufre ajustes usualmente de expansión según la disposición generada por la administración del servicio de la deuda.
Sin embargo, consideró que en esta ocasión el gobierno de Laura Fernández decidió utilizar el presupuesto con el objetivo político de polarizar y afectar a sus “enemigos”: Poder Judicial, universidades públicas y Contraloría General de la República.
Arce destacó que se actúa de esa manera, pese a que el gobierno sabe que son instituciones con poca subejecución presupuestaria y gastos inflexibles.
“Es una pose política, para crear más animadversión hacia grupos e instituciones que los seguidores del oficialismo identifican con sectores privilegiados a los que el Ejecutivo desde Chaves ha construido como enemigos con fines electorales”, destacó el economista.
Para Elian Villegas, la situación actual también es resultado de decisiones postergadas desde la administración anterior.
El exjerarca citó como ejemplos los retrasos en la colocación de escáneres en las fronteras, en la implementación de Hacienda Digital y en la lucha contra el contrabando.