EscucharLos ahorrantes de Coopeservidores que tenían más de ¢6 millones depositados en la entidad, en el momento de su debacle, aún no recuperan la totalidad de su dinero. En el proceso de resolución, se les pagó únicamente el 63% de sus recursos. Varios factores determinarán cuánto dinero adicional podrían recuperar.
Uno de los requisitos es que todas las deudas deben estar legalizadas ante el Juzgado Concursal. Este es un paso obligatorio para quienes deseen continuar con el reclamo de su dinero por la vía judicial.
“La junta liquidadora es la que resolverá cada una de las legalizaciones. Hasta que no estén resueltas todas las legalizaciones, no se podrá distribuir ningún recurso, porque las distribuciones se realizan con respecto a los pasivos legalizados”, explicó Hernández.
El representante de la entidad señaló que los ahorrantes no garantizados, a quienes se les adeuda un monto bajo, deben valorar la presentación de este trámite, ya que se requiere contratar a un abogado para realizar la gestión, lo cual implica un costo adicional.
Hernández recalcó que todos los acreedores deberán legalizar el monto que les adeuda la cooperativa en el momento que indique el Juzgado. Quienes no realicen esta gestión no recibirán más recursos.
La Administración de Resolución remitió al Juzgado Concursal un corte con los montos adeudados al 31 de marzo. Estos pasivos sirven como referencia, pero lo que determina el derecho a cobro es el monto legalizado ante el Juzgado.
Para realizar la gestión, una vez que se convoque a los acreedores, será clave contar con documentos como los estados de cuenta y las últimas certificaciones brindadas por el equipo de resolución.
Para la recuperación del dinero, otro de los aspectos clave es el fideicomiso del “banco malo”, el cual procura una recuperación adicional de recursos a través de la gestión de los activos de la entidad residual.
Marco Hernández, representante legal de Coopeservidores, explicó que también se deben cumplir dos condiciones fundamentales para que se autorice una repartición adicional de recursos.
La primera es que el Juzgado Concursal —autoridad máxima en esta nueva etapa judicia — apruebe una eventual repartición tras la recomendación de la junta liquidadora. Sin embargo, esta instancia será designada hasta que se abra el concurso.
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No obstante, los plazos judiciales suelen ser muy extensos. De acuerdo con Hernández, la apertura del proceso concursal podría tardar hasta dos años. Una vez abierto, el Juzgado nombrará a un liquidador.
No será sino hasta ese momento cuando se podrá designar a la junta liquidadora, una vez que se convoque a las asambleas de acreedores y asociados para nombrar a las personas que la integrarán.
Fideicomiso
El pasado 13 de junio, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) aprobó la creación del fideicomiso que gestionará el “banco malo” de Coopeservidores.
Este instrumento, administrado por Banco Improsa, tiene como fin ejecutar procesos críticos como la recuperación de cartera, la conservación de activos y los cobros, entre otros.
Si el proceso resulta exitoso, los fondos recuperados se utilizarán para pagar a los acreedores. Hernández indicó que el objetivo es mantener estas tareas hasta que se liquiden todos los activos trasladados al ente concursal.
Los activos del “banco malo” tienen un valor en libros de ¢266.493 millones e incluyen cartera de crédito, propiedades, mobiliario y equipo. Este instrumento funcionará en paralelo con el proceso concursal.
Según Hernández, el fiduciario (Banco Improsa) deberá actuar como “un buen padre de familia” en la administración de los recursos recuperados, con el objetivo de beneficiar a los acreedores.
A cambio, el fiduciario recibirá un honorario por la gestión. El representante de la entidad agregó que el fideicomiso tiene un plazo definido, el cual podría ajustarse según su rentabilidad y costos.
Los ahorrantes afectados por la debacle de Coopeservidores ya recuperaron ¢6 millones, además de un 63,44% del monto restante de sus inversiones, como parte del proceso de resolución. Sin embargo, aún está pendiente el pago del 36,56% de ese excedente.
