EscucharComo parte de los anuncios durante su primer día de gobierno, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, aseguró que enviaría un decreto a revisión con el objetivo de reducir el costo del arroz para los consumidores. Sin embargo, diferentes sectores involucrados en la producción y comercialización del grano aún desconocen los textos; incluso la propuesta sobre cómo se cumplirá la promesa del mandatario.
Según comentó Chaves el pasado 8 de mayo, se enviarían dos decretos relacionados al grano a consulta de Leyes y Decretos de Casa Presidencial; una de las intenciones sería quitar el precio mínimo del arroz que actualmente está fijado por decreto. Desde la empresa importadora La Maquila Lama y la agrupación Consumidores de Costa Rica apoyan la promesa sobre el costo del grano, pero aseguran que hasta el momento no conocen el contenido del plan.
Por su parte, la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) emitió un comunicado de prensa en el que puso a disposición su equipo técnico para el análisis y la emisión de políticas públicas relacionadas al grano; asimismo, uno de sus miembros señaló a La Nación que tampoco saben sobre el contenido del documento. La Nación consultó al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) sobre los decretos, pero la solicitud se encontraba aún en trámite al cierre de esta nota.
El precio del producto agrícola es uno de los temas comerciales más polémicos a lo interno del país y las posiciones entre sectores chocan entre sí. En agosto del 2020, el Gobierno acordó con los arroceros mantener la fijación del precio de ese producto, el único que a la fecha se establece mediante decreto.
El país solo cosecha alrededor del 40% del arroz que consume, pues el cultivo local ha venido cayendo. El Gobierno decreta cada año un desabastecimiento, mediante el cual se interna el faltante sin pagar aranceles. Sin embargo, en caso de importarse el grano de otros mercados y fuera de ese mecanismo, se tiene que pagar el arancel del 35% vigente para algunos países.
Por esto, el gerente general de La Maquila Lama (uno de los importadores del grano), Juan Carlos Sandoval, señaló que para cumplir la promesa de una disminución del precio del arroz al consumidor, además de eliminar el precio mínimo, deben reducirse los aranceles de importación.
Según Sandoval, los consumidores nacionales podrían recibir una reducción de hasta ¢500 en una bolsa de 1,8 kilos de arroz 95% grano entero, si los aranceles se redujeran y se aplicara entre 3% y 5%, que se dedicaría a un subsidio para pequeños productores.
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Desde Consumidores de Costa Rica la posición es similar y su presidente, Erick Ulate, agregó que la fijación del precio del grano tal y cómo se ubica perjudica al consumidor. “Creemos que debe iniciarse un proceso de liberación que no solo tenga como objetivo eliminar la regulación de precio si no que también entre la disminución del arancel para la importación”, señaló Ulate.
El presidente de Consumidores de Costa Rica aseguró que aún no tienen conocimiento del contenido del decreto y que solicitaron una reunión con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para abordar diversos temas, incluido el arroz. La cartera esta a cargo del economista Francisco Gamboa, desde el pasado 8 de mayo.
Posición de los arroceros
En otra acera se encuentra Eduardo Rojas, presidente de Asociación Nacional de Industriales del Sector Arrocero (Aninsa) y miembro de Conarroz, quien aseguró que el sector está abierto a trabajar en conjunto “sin descuidar los 33.000 empleos directos e indirectos” que genera la actividad.
En el supuesto de que la medida para la disminución del precio del arroz provenga de la reducción del arancel impuesto, Rojas defendió que “todos los países protegen su agricultura”, mientras señalaba los aranceles que mantienen países como Estados Unidos, Panamá y República Dominicana.
El industrial también comentó que sobre el decreto, por el momento conoce únicamente lo expuesto desde la prensa, pero que la próxima semana ya deben integrarse los representantes del Gobierno a la mesa de Conarroz, por lo que se espera una apertura al análisis y al trabajo conjunto. En la junta directiva de la Corporación participan la jerarca de Agricultura y Ganadería (MAG), Laura Bonilla, así como el del MEIC.
Por su parte, el director ejecutivo de Conarroz, Fernando Araya, comentó que ante una eventual variación de los aranceles sin el debido contingente o programa de sostenibilidad arrocera como el proyecto de Ley 26.998, se pondría en riesgo la colocación de la cosecha nacional y los más de 30.000 empleos.
“Conarroz reitera la urgencia de que el Poder Ejecutivo, dentro de las normas del debido proceso, escuche al ente rector del sector arrocero conforme a la Ley 8285 (....), siempre estamos atentos a trabajar técnicamente y dentro de la legalidad que caracteriza Costa Rica”, agregó Araya.
Nota del editor: Esta información se actualizó a las 4:00 p. m. con datos más detallados acerca del cálculo de la Maquila Lama sobre el ahorro que podría tener la bolsa de arroz si se reducen los aranceles.
