Banco Central propone bajar comisiones locales por pago con tarjetas de manera gradual

Se trata de la comisión de adquirencia, que es la que paga el comercio al banco adquirente, el cual le provee el datáfono y el servicio para que las personas puedan cancelar con tarjeta; y la comisión de intercambio, que es la que reconocen las entidades adquirentes a los emisores de las tarjetas que pasan por sus datáfonos (si la tarjeta del cliente es del proveedor del datáfono no se paga comisión de intercambio).

En la propuesta publicada en el Alcance número 243 de La Gaceta, el Banco hace una separación entre las comisiones cuando se realizan operaciones transfronterizas (por ejemplo, un turista que paga en Costa Rica con una tarjeta internacional) y las operaciones locales.

En el documento publicado en La Gaceta, se explica que las operaciones de pago locales representaron el 95% de la cantidad y el 84% del valor total de las operaciones adquiridas dentro del territorio nacional, en el 2019, por lo que su regulación diferenciada atiende al objetivo de garantizar el menor costo posible para el afiliado.

En el caso de las operaciones transfronterizas las comisiones máximas quedan igual como están ahora (2,50% máximo la de adquirencia y 2% máxima de la intercambio), pero para las operaciones locales la autoridad económica propone una reducción gradual en las tarifas máximas de la siguiente manera:

• La comisión de adquierencia que está actualmente en 2,50% bajaría a 2,25% a partir de enero del 2022; a 2% a partir de enero del 2023, y a 1,75% a partir de enero del 2024.
• La comisión de intercambio que está actualmente en 2% bajaría a 1,75% a partir de enero del 2022; a 1,50% a partir de enero del 2023, y a 1,25% a partir de enero del 2024.

Para estaciones de servicio, organizaciones de beneficencia, servicios de transporte regulados por la Aresep (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos) y peajes, la comisión de adquirencia tiene un máximo de 1,50% y la de intercambio de 1%, y la propuesta es dejarlas tal cual, tanto las locales como las transfronterizas.

Según la Ley de Comisiones Máximas del Sistema de Tarjetas, la número 9831, le corresponde al Banco Central de Costa Rica determinar estas comisiones y revisarlas cada año.

La última fijación que realizó el Banco fue en setiembre del 2020, la cual empezó a regir en noviembre de ese mismo año.

Fijación por comparación

Copiado!

“Esta propuesta de comisiones máximas se fundamenta en la técnica de regulación por comparación (yardstick competition) para alcanzar, en el medio plazo, los niveles que los modelos econométricos proyectan para Costa Rica”, explica la entidad.

“El ejercicio desarrollado incluyó información para 70 países, incluyendo a los 30 que conforman el Espacio Económico Europeo (EEE), así como la totalidad de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con excepción de Japón, para el cual no se logró encontrar información”, añadió la entidad.

El Banco recordó que la disposición legal establecida en el artículo 1.º de la Ley 9831, es que la regulación emitida por el BCCR debe garantizar el menor costo posible para los afiliados, siguiendo las mejores prácticas internacionales, en este caso, la comparación con países pertenecientes a la OCDE y el EEE, típicamente referentes de buenas prácticas para el sistema de tarjetas y en sistema de pagos, en general.

Recientemente, la Cámara de Comercio había propuesto una disminución adicional de las comisiones, mientras que la Asociación Bancaria Costarricense solicitó que estas sean equilibradas y cubran los costos.

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Según la consulta pública, en un plazo máximo de 10 días hábiles, contados a partir de la publicación de esta propuesta en el diario oficial La Gaceta, se deberán enviar los comentarios y observaciones a la Gerencia del Banco Central de Costa Rica, al correo electrónico correo-gerencia@bccr.fi.cr.

Se consultó a la Asociación Bancaria Costarricense pero indicó que como la propuesta se publicó este 30 de noviembre todavía están coordinando el proceso de análisis para estructurar la posición gremial; y a la Cámara de Comercio, de la cual no se recibió respuesta.